En la fecha, se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la senadora Esperanza Martínez, con el objetivo de analizar la adenda al contrato de diseño, financiación, mantenimiento y operación de la Ruta 2 (tramo Ypacarai – Aregua – Luque), así como también escuchar las preocupaciones y opiniones de los afectados.
Vista general de la mesa de trabajo
La senadora Esperanza Martínez abrió la reunión recordando que el proyecto ya había sido previamente analizado y destacó la importancia de considerar el valor cultural y social del área afectada, así como los posibles perjuicios para la ciudadanía y el medio ambiente. “El problema por el cual estamos aquí es que la ciudadanía no está informada. Por eso será de gran importancia que las autoridades responsables nos presenten el proyecto, para que este sea realmente en beneficio de la ciudadanía”, señaló.
El ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), explicó que en el área metropolitana se identificaron distintas necesidades de infraestructura, motivo por el cual se ha priorizado este tramo. “Este será el primer acceso rápido de entrada y salida a la ciudad, una ruta genera beneficios económicos para el país”. También aseguró que el proyecto contempla el componente del transporte público dentro del plan de infraestructura. “Este proyecto forma parte de un gran sistema vial que va a conectar con distintas rutas de alta circulación”.
Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del MOPC
En ese sentido, el diputado Pedro Gómez expresó que es de conocimiento público que las vías de entrada y salida de la ciudad están colapsadas, sin embargo, señaló que aún así es necesario evaluar todas las áreas en las que la ciudadanía podría verse afectada con la implementación de este proyecto.
Seguidamente, el gerente técnico del Consorcio Rutas del Este, Ingeniero Cristhian Sandoval, destacó que el principal objetivo del proyecto es mejorar la movilidad urbana y ofrecer soluciones sostenibles de transporte para la población del área metropolitana.
En su intervención, la senadora Martínez instó a establecer criterios claros para la evaluación de los terrenos y del patrimonio de las personas y familias afectadas por la obra.
Senadora Esperanza Martinez, en uso de la palabra
Con respecto a lo mencionado, la abogada Carolina Agüero, directora de Bienes Inmobiliarios del MOPC, explicó que el consorcio “Rutas del Este” tiene a su cargo el relevamiento de los posibles afectados conforme al proyecto ejecutivo. Mencionó la Ley 5389/2015, que establece el procedimiento para la expropiación e indemnización de inmuebles, señalando que se consideran factores como el área de superficie y el valor de mercado para determinar las compensaciones.
Destacó además que, si un titular no está de acuerdo con la tasación, puede recurrir a la vía de consignación judicial, un proceso legal a través de la Procuraduría General de la República (PGR) que permite asegurar el pago justo mediante juicio, “estamos en una etapa inicial, relevando documentación para verificar quiénes son los realmente afectados”, indicó.
IMPACTO ECONÓMICO, SOCIALES Y CULTURALES
Desde la Municipalidad de Ypacaraí, el concejal Jonhy Caballero expresó su preocupación por el impacto económico que podría generarse en el día a día de los afectados por el proyecto y además, solicitó detalles técnicos, garantías de resarcimiento y compromiso por parte del MOPC.
Además, la presidenta del Consejo de Aguas de las Vertientes de Areguá, Cira Bejarano, también manifestó su inquietud en cuanto al acceso de los detalles del proyecto, “necesitamos mayor claridad sobre los impactos sociales, económicos y culturales que este proyecto traerá a nuestra comunidad.”
Por su parte, la concejala Belén Maldonado de la ciudad de Luque, propuso organizar una reunión urgente específicamente entre el MOPC y los municipios involucrados, con el fin de atender todas las dudas de los ciudadanos que podrían verse afectados.
Finalmente, la senadora Esperanza Martínez concluyó la mesa de trabajo sosteniendo que el MOPC debería establecer una agenda de reuniones, comenzando con los gobiernos locales. “Claramente, deben saber por dónde pasará la ruta, qué efectos tendrá, cuánto costará, y qué impacto generará en cada ciudad”, señaló. En segundo lugar, agregó que es fundamental salir a dialogar con la ciudadanía y explicar por qué se toman determinadas decisiones. “Estamos hablando de ciudades densamente pobladas que rodean Asunción”, concluyó la legisladora.
Participantes presentes durante el análisis del tema
Participaron autoridades nacionales y locales, entre ellas el diputado Pedro Gómez; representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); de la Contraloría General de la República y del Consorcio “Ruta del Este”. También estuvieron presentes los concejales del municipio de Ypacaraí, Jonhy Caballero y César Negrete; autoridades de la Municipalidad de Luque; el intendente de Itauguá, Horacio Fernández; la concejala de Luque Belén Maldonado; el concejal de Areguá, Luis Villalba; y el concejal de Asunción, Pablo Callizo. Asimismo, participaron representantes de organizaciones civiles y comisiones vecinales de las zonas afectadas.