El senador José Oviedo encabezó este lunes una mesa de trabajo para analizar la adenda del contrato de la Alianza Público-Privada (APP) para la ejecución de la autopista elevada de la Ruta PY02, que conectará los tramos Luque–Areguá–Itauguá y Luque–San Bernardino–Ypacaraí.

_{El senador José Oviedo lideró la mesa de trabajo.} 

Durante la jornada, ciudadanos y organizaciones sociales denunciaron que el proyecto no fue debidamente socializado y que la información disponible fue parcial y limitada, principalmente a través de materiales audiovisuales. Alertaron sobre posibles expropiaciones y afectaciones a viviendas, instituciones educativas, centros de salud, zonas productivas y áreas ambientales sensibles, además de la falta de alternativas menos invasivas.

Uno de los puntos más cuestionados fue la compatibilidad del trazado con el proyecto del Tren de Cercanías, el cual —según manifestaron— no fue abordado de manera integral ni transparente.

POSTURA DE LAS INSTITUCIONES

Técnicos del MOPC señalaron que la adenda se enmarca en el contrato aprobado en 2017 y aseguraron que la documentación fue remitida a las municipalidades para su socialización. Negaron la demolición de escuelas y afirmaron que existen coordinaciones con FEPASA para que el tren de cercanías no sea afectado.

Desde el MADES informaron que los expedientes ambientales corresponden a intervenciones dentro de la franja de dominio del MOPC y que no se contemplan nuevos trazados, aunque reconocieron que aún no se cuenta con el detalle final de los puntos exactos de afectación.

_{La reunión contó con la presencia de la senadora Esperanza Martínez.} 

Por su parte, representantes del MEF indicaron que la inversión total para la Ruta PY02 asciende a 517 millones de dólares, incluyendo impuestos, medidas ambientales, expropiaciones y otros costos asociados al contrato APP. A este monto se suma una adenda estimada en 180 millones de dólares, evaluada bajo la metodología de “valor por dinero”.

En tanto, el MEC informó que se identificaron 64 instituciones educativas que podrían verse afectadas dentro de un radio de hasta 1.000 metros del trazado previsto, y que se trabaja de manera coordinada con el MOPC para determinar el grado de impacto en cada caso.

PIDEN FRENAR EL PROYECTO

Al cierre de la mesa de trabajo, la senadora Esperanza Martínez instó al Congreso a adoptar una acción política concreta y recomendó frenar de manera temporal el avance del proyecto hasta esclarecer su impacto real.

Por su parte, el senador José Oviedo manifestó su preocupación por el nivel de desinformación detectado y señaló que incluso instituciones del Poder Ejecutivo directamente involucradas desconocen el contenido de la adenda.

_{Participaron representantes de instituciones y ciudadanos afectados por el proyecto.} 

Finalmente, el legislador se comprometió a impulsar acciones desde el Congreso para frenar las obras hasta que se garantice la transparencia, la socialización efectiva del proyecto y la participación real de las comunidades afectadas.

La reunión, realizada en la sala de sesiones del Senado, contó además con la presencia del diputado Raúl Benítez y la ingeniera Mercedes Canese, así como de representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, autoridades municipales y vecinos de las zonas afectadas.

_{La reunión se realizó en la sala de sesiones del Senado.}