En el Parlamento del Mercosur, el representante Ricardo Canese hizo un llamado vehemente ante atropellos a comunidades paraguayas, avaladas por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la vigencia de grupos paramilitares que vienen actuando en diversas zonas del país.
“Hemos presentado, con otros colegas, un pedido relativo a la situación de los Derechos Humanos en nuestro país (donde hay) graves violaciones a comunidades indígenas y campesinas por parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, fuerzas policiales, que siguen los dictados de poderosos latifundistas, con la muerte de un indígena y varios heridos”, remarcó hoy Ricardo Canese, al inicio de su intervención, ante el pleno del Parlamento del Mercosur, que se realiza en Montevideo (Uruguay).
Apuntó que se trata de un viejo conflicto, que viene de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, en la que se repartieron, según la Comisión Verdad y Justicia, ocho millones de hectáreas entre personas no beneficiarias de la Reforma Agraria. Entre estos hay inclusive personas no paraguayas, como “el señor Favero, de origen brasileño, que tiene un millón de hectáreas, en gran medida de tierras mal habidas, varias veces denunciadas en nuestro país”, prosiguió.
Indicó que poderosos intereses latifundistas mueven hasta fuerzas para policiales y cuentan con el apoyo del Poder Judicial, que apaña las acciones de esos intereses. Recordó un último caso en el que, inclusive, echaron por tierra vivienda construidas por SENAVITAT, así como otros varios casos, en los que hubo represión de fuerzas no legales, que incluyeron la muerte de un indígena y varios heridos.
“(Pedimos) que la comisión de DDHH se constituya en el Paraguay para que constate las gravísimas violaciones de DDHH…es inexcusable que se constituyan, la violencia se ha apoderado de tierras del Estado”, remarcó.
En relación a los casos de prepotencia contra comunidades campesinas e indígenas, Ricardo Canese, Manuel Morínigo y Neri Olmedo habían presentado, justamente, un proyecto de declaración al Parlamento del Mercosur por el cual instan a las autoridades policiales y judiciales del Paraguay a “que respeten y hagan respetar los derechos humanos de indefensos campesinos e indígenas y desactiven las bandas para militares de empresarios sojeros, en su mayoría de origen brasileño” y, además, piden la presencia en Paraguaya de la citada comisión.
Mencionan en el escrito casos tales como los de las localidades de Tembiaporã, Colona Pindo’i (departamento de Caaguazú), asentamiento RI Sur, distrito de Juan E. O’Leary (departamento de Alto Paraná) y Comunidad Tacuara’i, distrito de Corpus Christi (departamento de Canindeyú), entre otros.
