Crichigno denuncia que la UBA discriminó a médicas paraguayas

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Solicitó que el Parlamento del Mercosur plantee al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que pida un informa a la universidad nacional de su país sobre las razones por las cuales violó el Protocolo de integración educativa para la prosecución de estudios de post grado en las universidades de los países miembros del Mercosur, que es ley en todos los países miembros (Ley 1080/97 en Paraguay).

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De este modo, la parlamentaria paraguaya María Eugenia Crichigno, denunció a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por no revalidar los títulos de las médicas paraguayas María Angélica Alfonso y Gabriela Olmedo (egresadas de la Universidad Católica), que pretendían realizar cursos de post grado en la referida institución educativa este año, cuyo caso había sido analizado por la delegación paraguaya del Parlamento del Mercosur y, en particular, por la comisión de Educación, que preside la citada representante.

“Son egresadas de una de las facultades más prestigiosas y habían alegado una supuesta incompatibilidad en cuanto a la malla curricular”, recordó, al tiempo de mencionar que se realizaron varias reuniones en octubre en la ciudad de Asunción, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y Ciencias.

Relató que un examen jurídico de la Cancillería local concluyó que se está ante una situación de incumplimiento de un Protocolo del Mercosur. “Estamos ante la inaplicación de una norma superior, de discriminación educativa en menoscabo de ciudadanos del bloque”, recalcó. También dijo que la Comisión de Educación ha trabajado en detalle el argumento por el cual la UBA decidió no revalidar, que había alegado que no hay compatibilidad de malla curricular y que dicha argumentación carece de validez.

“Estamos convencidos que lo asumido por la UBA se contrapone a disposiciones del Mercosur, que son obligatorias para todas las partes”, subrayó ante el Pleno.

Otras instancias

Sobre este tema, la parlamentaria Crichigno junto con su colega Manuel Morínigo, han iniciado también acciones para darle seguimiento al tema. Al respecto, ha propiciado el envío de una nota dirigida al canciller nacional, Luís Alberto Castiglioni, así como de un informe preliminar al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (TPRM) y también un informe al Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur.

En cuanto al TPRM, a éste se le solicitará, conforme se apruebe en el plenario de Parlasur, un dictamen jurídico, mientras que al Instituto de DDHH se pide que recuerden a los Estados Partes la obligatoriedad del cumplimiento de protocolos de Mercosur, más aun cuando se trata de un derecho humano como lo es la educación y la no discriminación por origen, que en este caso se habría dado por la nacionalidad de las médicas mencionadas al principio.