En carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, el legislador Gilberto Apuril, remitió un comunicado a la opinión pública, donde manifiesta su preocupación y pesar por los hechos de violencia registrados el día domingo 16 de junio, en la Penitenciaría Nacional de San Pedro y el Penal de Tacumbú.

En el comunicado, el senador Apuril, expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y reitera el compromiso de la Comisión en pos de velar por el respeto a los derechos humanos. El documento señala que “Esta Comisión Parlamentaria en virtud de lo establecido por la Ley 4.288/2011, de creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra Tortura ha solicitado en fecha 31 de mayo de 2019, a la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, la urgente revisión de las disposiciones legislativas que impiden la aplicación del libre criterio del juzgado en el dictado de medidas sustitutivas y disponen lo obligatoriedad de la prisión preventiva (Ley 4.431/2011), en trasgresión al Art.19 de la Constitución Nacional”.

Asimismo, manifiesta que, en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, han llevado adelante acciones concretas en lo referente a la situación penitenciaria nacional.

Cabe recordar, que miembros de la Comisión asistieron a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, a fin de verificar in situ las denuncias recibidas tanto por familiares de los reclusos como de los propios agentes penitenciarios. Así también, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se ha reunido con Ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel de Jesús Ramírez Candia, a fin establecer mecanismos de control en los diferentes centros penitenciarios.

El documento, menciona que, en la última década, la población carcelaria de Paraguay casi se triplicó, pasando de 5.867 personas a 14.630, lo que hoy genera que, de cada 10 personas privadas de libertad, 9 vivan en hacinamiento crítico, de las cuales el 78% de la población penitenciaria no cuenta con condena.

A consecuencia de esa situación, la superpoblación penitenciaria es el principal problema en todos los centros de reclusión del país. Esto convierte a cada uno de ellos en "bombas de tiempo", por lo que debe ser urgente la intervención del Poder Ejecutivo, a fin de evitar nuevos hechos que lamentar.

Por último, el comunicado firmado por el titular de la Comisión de Derechos Humanos insta a las autoridades Nacionales, Poder Judicial, así como al Ministerio de la Defensa Pública, a ejercer los mecanismos pertinentes a fin de promover una verdadera reforma penitenciaria. “Como Poder Legislativo, reafirmamos nuestro compromiso en revisar la legislación vigente en pos de un nuevo sistema penal y penitenciario, respetando garantías y los derechos humanos”, señala.