En una segunda sesión extraordinaria celebrada hoy, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “De la función pública y del servicio civil”, remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N° 709. El documento será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.

_{Senador Basilio Núñez, presidente del Senado, dirigiendo la sesión.} 

En el estudio en general del proyecto, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que el objetivo principal de la propuesta es establecer una norma para la función pública que se encuentre en el ámbito del Poder Ejecutivo, reconociendo la autonomía de ciertas instituciones públicas, tal como lo estipula la Constitución Nacional. Aclaró que esta autonomía no es una concesión arbitraria, sino que se basa en la normativa constitucional que otorga independencia a organismos como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General del Estado y otros, con funciones propias como el Poder Legislativo y Judicial.

Asimismo, detalló que el proyecto establece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabilidad laboral.

En cuanto a los empleados contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presupuesto vigente.

Para los directivos públicos, el proyecto establece que sean seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Los actuales directivos que ocupan puestos sin carácter de confianza podrán continuar en sus cargos hasta que se realicen los concursos necesarios para su cobertura.

Sobre las pasantías, el proyecto aclara que estas no crean vínculo laboral, ni permiten cubrir vacantes o reemplazar personal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será responsable de diseñar las políticas de remuneración para el servicio civil, teniendo en cuenta el impacto fiscal y la eficiencia del gasto.

También subrayó que, la normativa no excluye al Poder Judicial ni al Legislativo; cada organismo constitucional autónomo será la autoridad de aplicación en materia de función pública, reglamentando y aplicando esta ley en las relaciones laborales no cubiertas por un régimen especial, siempre en concordancia con la Constitución.

“Creo que esta normativa permitirá un sector público más eficiente y eficaz en beneficio de todos los paraguayos, recompensando a quienes se destacan por su esfuerzo y capacidad”, afirmó el senador Maidana.

Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, respaldó el dictamen de aprobación con modificaciones, resaltando que este marco legal administrativo incorpora principios de transparencia, integridad, idoneidad y meritocracia en el sistema de función pública.

Asimismo, el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; y Carlos Núñez, titular de la Comisión de Economía, expresaron su apoyo al proyecto con las modificaciones introducidas.

Intervino, además, el senador Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, quien señaló que el proyecto afectará al 20% de los funcionarios públicos, excluyendo a las fuerzas de seguridad, docentes y otros sectores regidos por leyes especiales. “Esta ley será una herramienta clave para ofrecer a la ciudadanía una gestión ágil, moderna y eficiente, sin afectar los derechos de los funcionarios públicos”, afirmó.

Tras un extenso debate, el proyecto fue aprobado en general. A continuación, se aprobaron los artículos sin objeciones, y luego se procedió al análisis de los artículos objetados. El texto base utilizado fue el documento consensuado por las Comisiones de Legislación, Hacienda y Presupuesto, Derechos Humanos y Economía.

_{Vista general del Pleno del Senado.} 

ARTÍCULOS RECONSIDERADOS

Por solicitud de la senadora Blanca Ovelar, se reconsideró el artículo 17 y se eliminó su segundo párrafo. A pedido del senador Dionisio Amarilla, también se reconsideró y modificó el artículo 52, suprimiendo la siguiente frase: “incluyendo a aquellos señalados en el artículo 11 de la presente ley”. Asimismo, a solicitud de la senadora Yolanda Paredes, se introdujo una modificación de forma en el artículo 62.

De igual manera, el artículo 98 fue modificado por moción del senador Rafael Filizzola, mientras que, a propuesta del senador Dionisio Amarilla, se eliminó el último párrafo del artículo 125.

El artículo 127 fue revisado y modificado a pedido de la senadora Hermelinda Alvarenga, recomendándole a la Comisión de Estilo una redacción mejorada. El inciso b del artículo 55 quedó testado a propuesta del senador Ever Villalba.

Con las modificaciones introducidas al proyecto, el documento se remite a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

APOYO A LA EDUCACIÓN

Por otro lado, resalta la aprobación del proyecto de Ley “Que aprueba el convenio de préstamo N° 9517-PY, suscrito por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 7 de agosto de 2024 y por la República del Paraguay en fecha 9 de agosto de 2024, por un monto de hasta ciento veinticinco millones trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 125.300.000), para el financiamiento del ‘Proyecto Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa en Paraguay’, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 7228 del 29 de diciembre de 2023”. Remitido según Mensaje N° 149 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Economía y Finanzas.

^{En ejercicio de la Presidencia, el senador Dionisio Amarilla.} 

Con este proyecto de financiamiento se pretende intervenir en distintos aspectos que hacen a la materialidad de los entornos de aprendizaje, como ser la ampliación y reposición de la infraestructura física de 316 locales escolares a potenciar, así como la dotación de mobiliarios y materiales pedagógicos, el mejoramiento de la gestión de infraestructura educativa con herramientas innovadoras y un nuevo marco regulatorio, la conversión pedagógica de 6 institutos de formación docente a centros experimentales de formación especializada de docentes y la generación de información basada en resultados de la evaluación de desempeño de aprendizajes y de gestión institucional como apoyo a la toma de decisiones.

Los objetivos del proyecto son: (i) mejorar los entornos de aprendizaje en los establecimientos educativos e instituciones de formación docente seleccionados; (ii) reforzar los marcos institucionales en áreas prioritarias básicas; y (iii), en caso de crisis o emergencia elegible, responder rápida y eficazmente a la misma.

El BIRF financiará el proyecto por un monto total de hasta US$ 125.300.000, con un periodo de amortización de 24 años incluido 6 años de gracia y a una tasa de interés variable, basada en la SOFR a 6 meses más un margen variable; y una comisión de compromiso de hasta 0,25% anual sobre el monto no desembolsado.

El documento será remitido a la Cámara de Diputados para su posterior análisis.

PRÓRROGA DE LA CBI

En otro momento, el Pleno de Senado se constituyó en Comisión para el tratamiento del proyecto de Resolución “Que prorroga el plazo de duración de la ‘Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de Activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros Delitos Conexos’, creada por Resolución del Congreso Nacional N° 2/2024”, presentado por el senador Dionisio Amarilla.

El senador Amarilla, en su calidad de presidente de la Comisión de Investigación, inició su intervención presentando un informe sobre las actividades realizadas por la comisión, las cuales, según afirmó, son de público conocimiento. Asimismo, informó que presentó una nota al presidente del Senado solicitando la extensión del plazo de la comisión, fundamentando esta solicitud en varias consideraciones.

Explicó que, desde su conformación el 26 de agosto pasado, la comisión ha trabajado en tres ejes principales: el lavado de activos ligados al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro; el lavado de activos procedentes del tráfico de armas; y el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas, ingresados al sistema financiero mediante bancos y empresas.

Añadió que la comisión ha convocado, en relación con estos ejes, a autoridades de ocho instituciones públicas, así como a periodistas, activistas de la sociedad civil, representantes de bancos y asesores legales, entre otros. Además, destacó que la comisión ha realizado diversas diligencias en el cumplimiento de su mandato.

De esta manera, el senador presentó al Pleno un informe detallado sobre el trabajo realizado por la comisión y expuso los motivos por los cuales solicita una prórroga de 60 días para continuar con la investigación.

En el debate sobre esta propuesta, varios senadores manifestaron sus posturas, con opiniones divididas entre quienes apoyan la prórroga de la comisión y quienes no están de acuerdo con ella.

Tras un extenso debate, la prórroga de 60 días para la Comisión de Investigación fue aprobada mediante votación electrónica. Lo resuelto se comunica a quienes corresponda.

Siendo las 20:21 horas y no habiendo otros puntos que tratar, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, levantó la segunda sesión extraordinaria de la fecha.

_{El senador Ramón Retamozo, en ejercicio de la Presidencia.}