En conferencia de prensa, el presidente del Congreso Nacional, Blas Llano y el senador Enrique Bacchetta, explicaron que este lunes, en mesa directiva, trataron el contenido de la cédula de notificación que el Senado recibió el viernes último. El documento, considerado "ambiguo", proviene de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para el titular del Senado, la notificación recibida “no aclara absolutamente nada y, por el contrario, confunde muchísimo; lleva a la presunción que la intención era revivir el fallo del 2009 que fue anulado en enero del 2010”.
Los senadores indicaron que esperan una aclaratoria de la CSJ, antes de tomar una postura tanto política como jurídica constitucional, puesto que el documento ordena la reposición de Bonifacio Ríos Ávalos como ministro de la Corte Suprema de Justicia y el pago de los salarios caídos desde su destitución, en el año 2003.
Para tal efecto, señalaron que la primera medida que realizaron fue conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, junto a líderes de bancadas. Luego, estuvieron con el presidente de la República Mario Abdo Benítez y, finalmente, se reunieron con representantes de la Corte Suprema de Justicia, a quienes explicaron la difícil situación de la medida.
El senador Enrique Bacchetta advirtió que “esta confusión puede generar una crisis de Poderes”, exponiendo a nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que podría llegar sin ninguna posibilidad de triunfar en tribunales internacionales, por la ambigüedad que existe en este caso.
El presidente del Senado, Blas Llano, añadió que lo llamativo del tema es que justo ahora, que se está por dirimir el juicio de Bonifacio Ríos en tribunales internacionales, salga esta notificación.
En la reunión de prensa, el senador Llano recordó que “dicha resolución fue dictada el 30 de diciembre del 2009, y como consecuencia de esto, el Congreso Nacional se reunió el 2 de enero del 2010, dando a conocer (entonces), una resolución donde rechazaba todo lo actuado por los entonces camaristas en representación de la Sala Constitucional y, claramente establece la competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional en el tema del juicio político”.