Siguiendo con la política de austeridad implementada por la Cámara de Senadores y el Congreso Nacional, el titular de la Cámara Alta, senador Blas Llano, dispuso la cancelación del contrato de la prestadora de servicio de telefonía celular para corporativos. Según anunció el legislador, la determinación rige para mesa directiva, altas autoridades y funcionarios superiores.

El senador Llano explicó que el contrato con la empresa telefónica feneció el pasado 30 de abril y ya no fue renovado. Dijo, además, que con esta determinación, la institución ya no cuenta con servicio de telefonía (líneas corporativas) para quienes integran la mesa directiva, así como las altas autoridades y funcionarios superiores. Con esta disposición, ningún funcionario de la Cámara de Senadores ni el Congreso Nacional, contará con el beneficio de ninguna prestadora de servicio de telefonía celular.

Esta nueva disposición, anunciada en la fecha por el titular de la Cámara Alta, se ciñe a lo dispuesto en una resolución  que rige desde marzo pasado, cuando el presidente Blas Llano anunció la reducción de varios objetos de los gastos aprobados por la Ley de Presupuesto para el presente Ejercicio Fiscal. En su momento, el senador Llano explicó que, los mismos serán puestos a disposición del Ministerio de Hacienda para que, en caso necesario, realice una reprogramación general del presupuesto a fin de redireccionar a las necesidades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

Cabe mencionar que la reducción del presupuesto solo puede hacerse por medio de una Ley o en forma excepcional por decreto del Poder Ejecutivo; no obstante, los montos comprometidos a no ejecutar son: de la Cámara de Senadores Gs. 2.950.000.000 y del Congreso Nacional Gs. 7.595.000.000, que hacen a un total de Gs. 10.545.000.000.

Estos ajustes afectarán, entre otros, los siguientes objetos del gasto para el Ejercicio Fiscal 2020: pasajes y viáticos, combustibles y lubricantes, servicio de catering, remuneración extraordinaria, remuneración adicional, adquisición de equipos de oficina y computación, maquinarias, equipos y herramientas en general, alquileres y derechos.

La medida afecta también a aportes de entidades educativas e institutos, bienes de consumo de oficinas e insumos, construcciones, gastos por servicio de mantenimiento, otros gastos por servicios de consumo, bienes de consumo, gastos de inversión y reparaciones mayores, gastos de personal, servicios en general, productos de papel, cartón e impresos, servicios de técnicos y profesionales, servicio de capacitación y adiestramiento y lo relacionado a textiles y vestuario.

A esto, también se le suma la rescisión del contrato del seguro médico para los legisladores, cuya caducidad se cumplió el pasado fin de mes de abril y no fue renovado.