La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma de las Leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial (CONAREJ), presidida por el diputado Ramón Romero Roa, prosiguió el estudio del Proyecto de Ley “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra y deroga la Ley N° 3759/09, sus modificaciones y leyes antecedentes”.
El abogado Enrique Kronawetter explicó que estudiaron el artículo 24 que habla sobre el régimen de la acción, donde mencionó que el anteproyecto original que están discutiendo plantea que los legitimados para acudir al Jurado no solamente son los abogados en la causa propia o en una causa en la que representa, sino también, el litigante y aparte se incorporan los representantes legales de las instituciones del Estado.
Señaló que lo más importante es sobre las asociaciones que tengan un interés directamente vinculado a la protección de ciertos derechos que ameriten acudir al Jurado.
“Hoy se planteó que se elimine el último sujeto legitimado para accionar ante el Jurado, que se mantenga la denuncia y se designé a un consultor sobre la procedencia de la admisión o no de una denuncia”, refirió el profesional.
Agregó, que ahí estuvo la discusión para definir si va ser un integrante del mismo Jurado o se va buscar a un funcionario externo. Asimismo, dijo que se habían señalado problemas con la Constitución Nacional sobre el artículo 253 que establece que la Ley va reglamentar el ámbito de las funciones del Jurado.
“La otra alternativa sería que se designe a un funcionario del Poder Judicial, llámese magistrado o juez; o, del Ministerio Público (fiscal) y que haga una especie de control cruzado”, manifestó.
El abogado Kronawetter anunció que el próximo lunes continuarían el debate sobre el perfil de quién va ser el encargado de hacer el análisis de admisión de una denuncia.
La reunión se realizó en la sala de sesiones del Senado, con la asistencia del senador Enrique Bacchetta, y representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial y el Ministerio Público.
