La Comisión de Pueblos Indígenas, que preside el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, recibió el informe del abogado Basilio Franco, director jurídico del Instituto Paraguayo de Indígenas (INDI) sobre la problemática de las tierras que sufren algunas comunidades indígenas. El profesional se comprometió a remitir por escrito el informe de los grupos afectados, específicamente, de Makutinga de Itapúa e Y’apo de Canindeyu.

El presidente de la comisión asesora señaló que, el Artículo 62 de la Constitución Nacional, está siendo vulnerado cada vez que se desaloja de sus tierras o procesa judicialmente a las comunidades indígenas.

Puntualizó además que la Constitución de 1992 reconoce a los pueblos indígenas como anteriores a la conformación del Estado paraguayo, por lo tanto, los mismos no necesitan poseer títulos ni papeles para vivir en sus tierras.

No obstante, expresó que el Estado debe otorgar seguridad a dichas comunidades, con el título comunitario de sus tierras ancestrales, el reconocimiento de sus líderes y la personería jurídica de la comunidad.

Manifestó la necesidad de que, desde el Estado, se realice con diligencia todos los trámites relativos a la regularización de las tierras ancestrales de las comunidades nativas.

Cabe acotar que los trámites relacionados a la regularización y restitución de tierras ancestrales, informados en la fecha, son de la comunidad Ysyry Mirĩ, del pueblo Mbya Guaraní, ubicada en Mayor Otaño, Itapúa.

También del pueblo Ka'a Poty, del pueblo Avá Guaraní, ubicada en Itakyry, Alto Paraná y Mcal. López, Caaguazú.  Así mismo del Tekoha Kola´i, del pueblo Avá Guaraní, ubicada en Corpus Christi, Canindeyú.

Igualmente, de Arroyo Kupa´y, del pueblo Avá Guaraní, ubicada en Itakyry, Alto Paraná. También Acaraymi, del pueblo Avá Guaraní, ubicada en Hernandarias, Alto Paraná y Cerrito Guasu, del pueblo Avá Guaraní, ubicada en Minga Porã, Alto Paraná.