Siguiendo con el ciclo de dialogo denominado “Tierras mal habidas y sus distintas dimensiones. Delineando acciones”, la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, que preside el senador Pedro Santa Cruz, analizó el uso de agrotóxicos y plaguicidas en humanos, como parte del componente de tierra, producción sostenible y su impacto en la salud.
En esta jornada, se presentó una serie de investigaciones sociales de la Dra. Mariel Palau, específicamente sobre escuelas rurales fumigadas. Este documento fue elaborado con apoyo de la Unión Europea (UE), y advierte sobre la violación de leyes agroambientales y explotaciones agrícolas.
Durante la presentación, la investigadora sostuvo que el texto presentado es sólo la punta de lanza de una problemática vinculada con el avance de los agronegocios y cómo afecta a la comunidad educativa.
Asimismo, habló sobre el impacto puntual en la salud de los estudiantes y en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales incluyen mareos, dolores de cabeza y estómago, picazón cutánea, problemas en las vías respiratorias, fiebre, vómitos y, a largo plazo, síntomas relacionados a la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños.
Igualmente, presentó un mapeo realizado el año pasado, de centros educativos en peligro de contaminación ambiental y explicó que, de 327 instituciones públicas, 48 estaban a menos de 200 metros de un monocultivo y 51 a menos de 100 metros. “El marco legal establece la prohibición de fumigaciones a menos de 100 metros de forma terrestre y 200 metros en forma aérea, la gran mayoría de estos monocultivos violan normativas ambientales”, argumentó.
A su turno, la Dra. Estela Benítez Leite, especialista en pediatría, presentó su trabajo sobre efectos de los plaguicidas en humanos y se refirió a los efectos agudos y crónicos, así como las variables del tiempo y procesos biológicos. Asimismo, compartió investigaciones anteriores, realizadas en Itapúa, específicamente en los nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, donde encontraron gran cantidad de abortos espontáneos, malformaciones graves y leves y su asociación en madres gestantes que vivían a menos de 1 kilómetro de los campos fumigados.
Igualmente, la Dra. Viviana Ruiz, especialista en medicina interna, explicó que los hospitales públicos no cuentan con estudios para corroborar que un paciente llega intoxicado por una sustancia química específica, por lo que, lamentablemente sólo se cuenta con un subregistro de casos.
Tras escuchar todos los resultados de las investigaciones, los senadores José Ledesma y Jorge Querey, resaltaron la necesidad de exigir a las instituciones responsables que cumplan con su rol y protejan a la ciudadanía por encima de cualquier interés monetario de los grandes empresarios agroindustriales.
Finalmente, el congresista Pedro Santa Cruz se comprometió a conformar una mesa de diálogo desde la comisión que preside, que involucre al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE); Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Pública, Fiscalía, Poder Judicial, empresarios y otros actores que guarden relación con el tema, para debatir, encontrar mecanismos certeros de control y ver una solución consensuada a esta problemática.