La Comisión de Pueblos Indígenas presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, se reunión para analizar varios temas, siendo el primer punto, el estudio de un informe sobre la situación actual del expediente judicial de la Comunidad Indígena Ava Guaraní Ka´a Poty, situada en la localidad de Itakyry, Departamento de Alto Paraná. 

Con relación al tema, se puso a conocimiento de los integrantes de la comisión, la existencia de dos causas abiertas con respecto a las tierras mencionadas más arriba, las cuales serían acción autónoma de nulidad de título en contra de la señora Liz Carolina Alfonso y el otro juicio sobre reivindicación de inmueble, promovida por parte del INDI. Estas acciones tienden a evitar y dejar sin efecto el mandamiento de desalojo obrante en el Juzgado de Paz de la ciudad de Itakyry. Así también se hace constar la existencia de pruebas fotográficas y filmaciones de los constantes atropellos sufridos por dicha Comunidad, documentos a ser presentados al representante de Derechos Humanos del Ministerio Público, abogado. Hugo Samaniego.  

Con respecto al segundo punto del orden del día, el informe presentado en relación a la titulación de las tierras ancestrales de la Comunidad Indígena de Takuapu Miri, de los Pueblos Mbya y Ava Guaraní, de la ciudad de Villeta. Al respecto, Claudio Rolón manifiesta la falta de infraestructura de dicha comunidad, puesto que no cuenta con ninguna escuela, ningún sitio comunitario y la imposibilidad de construir dentro de dichas tierras por la falta de título de propiedad de las mismas, encontrándose la comunidad en situación degradante por falta de intervención por parte del Estado.

En el mismo sentido y referente a la Comunidad Indígena Pa´i Tavytera, ubicada en paso Barreto, departamento de Concepción, la lideresa denuncia constantes despojos sufridos por la Comunidad por parte de pobladores brasileños, los cuales permanentemente acaparan todas las tierras (de un total de 2.333 hectáreas alrededor de 1.000 hectáreas), están siendo usadas por estos pobladores. Ante esta situación, solicitan la intervención inmediata por parte del INDI, a los efectos de realizar una mensura administrativa con el fin de impedir dicho avasallamiento.

Abordados los puntos, se resolvió solicitar informes a los entes intervinientes y darle el correspondiente seguimiento, como así también convocar a los representantes del Ministerio de Hacienda y Ministerio Público, a los efectos de contar con informe oficial referente a los puntos tratados.