A raíz de las denuncias hechas por pobladores de diversas localidades de Villa del Rosario, departamento de San Pedro, los senadores del Frente Guasu darán seguimiento a denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de instalación de una refinería de derivados del petróleo en la zona; empresa que produciría graves efectos ambientales y que ya tendría licencia para su funcionamiento.

Uno de los denunciantes, identificado como Claudio Braulio Cabrera Torres, dijo que pertenece a la coordinadora rosarina de defensa del medio ambiente y que la preocupación surgió por la instalación de la refinería de derivados de petróleo por una empresa denominada Energy On  S.A. “Estamos preocupados por  esta instalación, pudimos recabar informaciones al respeto de esta empresa y vimos que ya se empezó la obra en Mbopikua, a orillas del río Paraguay, distante a 5 km de línea recta del Puerto  y Villa del Rosario”, significó.

Agregó que la denuncia y la preocupación las hicieron llegar hasta el Senado y la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna). A esta denuncia realizada por el ciudadano Claudio Cabrera, se suma la voz de protesta de la comunidad indígena Toba Qom, que vive en las cercanías donde se iniciaron las obras. Por parte de ellos, la denuncia llegó a la Conaderna a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), a la que informaron del caso.

A partir de estas manifestaciones de preocupación de los pobladores, los senadores Sixto Pereira y Blas Lanzoni (titular de Conaderna), conjuntamente con autoridades del Ministerio de Ambiente (MADES), del INDI y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), junto a autoridades locales y departamentales, además, de representantes de la empresa, se concretó una reunión en la municipalidad local, donde se expuso y debatió el tema.

En su relato, el denunciante agregó que, durante este encuentro en la sede municipal, hubo reacciones de parte de la ciudadanía; de los pescadores, por un lado, quienes dijeron un rotundo no a la construcción de la refinería, aludiendo que afectaría al río Paraguay y, por supuesto, la fuente de trabajo y subsistencia de quienes viven de la pesca.

“Por otro lado, tenemos la manifestación de los indígenas Toba Qom, a quienes no se les consultó previamente. Ellos están preocupados porque hay que decir que el MADES ya dio la licencia ambiental, por eso ya empezaron los trabajos; eso es lo que nos preocupa sobremanera. Eso estamos denunciando y pidiendo a las instituciones que respondan o lo detengan”, manifestó y aclaró que todas las denuncias ya se hicieron también ante la Fiscalía del medio ambiente de Santa Rosa del Aguaray.

Reclaman la falta de un informe o de un dictamen de la Dirección de Recursos Hídricos y la Dirección del Aire, dependencias del MADES, además, de las autoridades portuarias, puesto que la refinería va a ocupar la orilla misma del río, afectando la biodiversidad, propiciará la eliminación de de plantas de familias herbáceas, aves y animales acuáticos, entre otros efectos.

Por su parte, el senador Sixto Pereira se refirió a la refinería, cuyas autoridades hablaban de procesar sus productos del petróleo y obtener en el lugar nafta, gas licuado y gas butano.

“Esto es negocio y para el negocio acá en Paraguay hay complicidad”, dijo el legislador, quien sostuvo que el Ministerio del Ambiente no es capaz de cumplir su rol, de generar políticas públicas y de aplicar y buscar el equilibrio dentro de las relaciones entre poderes del Estado.

Denunció, además, que ya se le concedió una habilitación a la empresa, lo que le da la posibilidad para formar e invertir legalmente en el funcionamiento, sin embargo, revisando los documentos ni dictámenes sobre las cuestiones que afectan el tema agua, la calidad del aire, refirió. “Este temor bien fundamentado se demostró, ya que hay una irregularidad de procedimiento institucional y tampoco se le consultó a una comunidad indígena, entonces son irregularidades en el procedimiento para conceder la habilitación para una inversión”, agregó el legislador.

En su opinión, se debe suspender y empezar de vuelta, haciendo la revisión, precautelando el ambiente y la salud de la población, garantizando todo ello no significa –dijo- que se esté persiguiendo a la empresa que quiera invertir en el país; porque lo que se pretende es que sea una inversión adecuada a las leyes ambientales, tributarias, laborales.

ANTECEDENTES

A modo de citar como un antecedente, los senadores Sixto Pereira y Jorge Querey de la Bancada del Frente Gusu, en julio de 2018 acompañaron a miembros de la denominada Contraloría Ciudadana Cordillerita, conformada por pobladores de Nueva Colombia, Loma Grande, Altos y San Bernardino, quienes solicitaron el acompañamiento legislativo y técnico por parte de las comisiones asesoras permanentes de: Salud Pública; Energía y Recursos Naturales; Derechos Humanos y Asuntos Departamentales y Municipales, ante la problemática suscitada entre la empresa Archer S.A y los mencionados distritos del Departamento de Cordillera.

La empresa, asentada entre los distritos de Loma Grande, Nueva Colombia y Altos, produce carburo de silicio, un compuesto de silicio y carbono empleado como material cerámico y utiliza como materias primas el carbón de petróleo, arena de alta pureza y, como insumo básico, la energía eléctrica.

En su momento, también hubo intervención de parte de los legisladores, en respuesta a los reclamos ciudadanos.