El senador Fernando Lugo Méndez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la mesa de dialogo convocada a través de las Comisiones de Reforma Agraria y Pueblos Indígenas, representadas por el Senador Sixto Pereira, donde el tema a debatir fue la problemática que aqueja a familias indígenas de la comunidad Ava Guaraní, de la colonia Jejyty Miri, de Ytakyry, Departamento de Alto Paraná, que fueron desalojadas ilegalmente de sus tierras.
La mesa de diálogo estuvo integrada además de los representantes de la comunidad indígena, por la directora de los Derechos Étnicos del Ministerio Publico, Dora Penayo y un asesor legal del INDI, el abogado Jorge Mendoza.
Al término del encuentro, el senador Sixto Pereira, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara Alta, explicó la situación en que se encuentran los afectados y las medidas de intermediación que se tomarán a través del Senado.
“Primeramente acordamos de ver la situación de la tenencia de la tierra, ya hemos preparado un escrito para enviar al Registro de la Propiedad para tener informaciones precisas y geo referenciadas sobre la tierra. Además, desde la presidencia del Congreso también se ha remitido una nota al Comité de Emergencia Nacional pidiendo atención, alimentos, servicio sanitario, etc., a la gente que esta acampando frente a la plaza”, declaró.
El senador Pereira remarcó que se llevará a cabo un estudio interinstitucional entre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) el Ministerio Público y las comisiones de la Cámara Alta afectadas a la problemática.
“Veremos cuál es la situación real sobre la notificación de prohibición de innovar, lo que significa darle garantía necesaria a las comunidades indígenas con resguardo peticionado por una jueza competente de Ytakyry, para la Policía Nacional de resguardar la seguridad de ellos, porque acá aparentemente hay superposición de título y algunos de los supuestos propietarios fueron los que fraguaron este desalojo violento”, afirmó.
Sixto Pereira sostuvo que desde del Congreso Nacional, será prioritario el respeto al derecho de la tenencia de las tierras en forma comunitaria, de modo a que no pueda venderse, alquilarse, ni transferirse.
“Están violentando; es una violación a la comunidad indígena con complicidad de algunos supuestos propietarios con la fiscalía y policía para desalojarlos”, cuestionó.
Consultado sobre la posibilidad de que los nativos vuelvan a las tierras mientras dure el proceso de investigación, el senador explicó que se tendrá una respuesta inmediata a través de un análisis jurídico.
“Por eso el estudio jurista entre las tres instituciones el Congreso, la Fiscalía y del INDI para ver la situación jurídica de la prohibición de innovar y si no hay una orden explicita nosotros vamos a exigirle al INDI que busque todos los mecanismos institucionales y restituya con transporte, alimento y atención sanitaria”, precisó.
Por último, el congresista añadió que en el caso que existiera irregularidades en el procedimiento institucional para el desalojo, solicitarán desde el Congreso que los involucrados, tanto fiscales, fiscalas o jueces esclarezcan los hechos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
