La Comisión de Niñez, Familia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, realizó este lunes una mesa de trabajo para socializar y analizar el proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños y adolescentes a la protección contra el trabajo infantil peligroso y lo sanciona penalmente”, iniciativa impulsada por la legisladora.
Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión.
Durante la apertura de la reunión, la senadora Lizarella Valiente señaló que el proyecto busca unificarse con una propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo y destacó la necesidad de fortalecer el marco normativo ante las observaciones realizadas al Estado paraguayo por organismos internacionales en materia de trabajo infantil y explotación laboral.
La legisladora explicó que la propuesta apunta a proteger a niños, niñas y adolescentes frente a las 26 formas de trabajo infantil peligroso reconocidas por la normativa nacional, entre ellas el criadazgo, considerado una práctica de explotación y vulneración de derechos.
Asimismo, remarcó el rol fundamental de las Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) como primer espacio de atención ante situaciones de vulneración de derechos en los municipios y planteó fortalecer los mecanismos de control y cuidado alternativo a través de la Dirección de Cuidados Alternativos (DICUIDA), a fin de formalizar situaciones de acogimiento familiar y garantizar el seguimiento institucional de los menores.
El proyecto de Ley consta de 22 artículos y tiene por objeto garantizar el derecho de niños y adolescentes a ser protegidos contra el trabajo infantil peligroso mediante acciones de prevención, detección, atención, sanción y reparación. La propuesta establece penas privativas de libertad de tres a seis años para quienes sometan a menores de 18 años a trabajos peligrosos, pudiendo elevarse hasta diez años en casos agravados.
La reunión contó con la presencia de representantes de varias instituciones públicas.
Además, contempla la intervención coordinada de instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Desarrollo Social.
Por su parte, la viceministra de Desarrollo Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Verónica Arguello, informó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo se encuentra avanzado y sostuvo que Paraguay ha fortalecido significativamente sus políticas públicas de protección social y fortalecimiento familiar.
En ese sentido, mencionó programas como Hambre Cero, Tekoporã, Che Róga Porã, Semillas del Futuro y Abrazo, orientados a la protección de la niñez y al acompañamiento de familias vulnerables.
La viceministra advirtió que prácticas como el criadazgo y el trabajo infantil constituyen formas contemporáneas de esclavitud moderna, sustentadas en situaciones de vulnerabilidad económica y social. También expuso datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales alrededor de 51.000 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años realizan actividades laborales en Paraguay.
A su turno, el director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ernesto Benítez, indicó que se trabaja en una nueva propuesta normativa para abordar la erradicación del criadazgo y las peores formas de trabajo infantil, especialmente en el ámbito penal.
Verónica Arguello y Ernesto Benítez del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Representantes del Ministerio de Trabajo destacaron la necesidad de actualizar el marco legal para adecuarlo al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Paraguay, y señalaron que actualmente las sanciones existentes son únicamente administrativas.
Durante el encuentro, el Ministerio Público, la Defensa Pública y representantes de CODENI realizaron observaciones técnicas y jurídicas al proyecto, especialmente en aspectos relacionados con procedimientos de denuncia, medidas de protección inmediata, intervención de DICUIDA y coordinación interinstitucional.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se valoró la intención de unificar las iniciativas del Ejecutivo y Legislativo, resaltando el papel preventivo de programas sociales como Tekoporã para desnaturalizar prácticas vinculadas al criadazgo y fortalecer el acompañamiento familiar.
En tanto, representantes del Ministerio de Salud Pública señalaron que el trabajo infantil y el criadazgo generan consecuencias físicas y psicológicas que pueden extenderse hasta la adultez, subrayando la importancia de fortalecer las acciones preventivas.
Al cierre de la mesa de trabajo, la senadora Lizarella Valiente afirmó que el siguiente paso será avanzar hacia una versión consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, que posteriormente será remitida a todas las instituciones participantes para su revisión final.
La mesa de trabajo se realizó en el salón Acosta Ñu del Senado.