En reunión extraordinaria, la Comisión Bicameral que analiza el informe de la Contraloría General de la República sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. María Teresa Barán, quien respondió a una serie de observaciones derivadas de una auditoría de desempeño centrada en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y en el Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Presidente de la Comisión Bicameral que analiza el informe de la Contraloría General de la República sobre la ejecución del PGN 2024, senador Dionisio Amarilla.
La exposición técnica estuvo a cargo de la Directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Dra. Gladys Fernández, quien señaló que, en el caso del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), el informe fue remitido al Ministerio Público en noviembre de 2025 ante la posible existencia de hechos punibles. La auditoría detectó múltiples irregularidades, entre ellas la inexistencia de un Registro Nacional de Personas con cáncer, lo que afecta la planificación y el seguimiento de la enfermedad.
Directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Dra. Gladys Fernández.
Además, se constató la falta de conformación de la Comisión Nacional Asesora, la ausencia de un Manual de Organización y Funciones y deficiencias en la gestión de medicamentos. Entre estas, se identificaron entregas sin respaldo administrativo, provisión a centros privados sin autorización y compras de fármacos de baja rotación, cercanos a su vencimiento, por miles de millones de guaraníes.
El informe señala transferencias de medicamentos sin una red nacional formalmente establecida, recepción de productos con vencimiento inferior al requerido y la existencia de medicamentos vencidos por más de G. 5.400 millones al cierre de 2024
Otro hallazgo relevante, según la representante de la CGR, fue la compra de medicamentos por orden judicial para pacientes fallecidos, sin mecanismos de suspensión o reasignación, lo que generó pérdidas económicas para el Estado.
Al respecto, la ministra de Salud Pública, Dra. María Teresa Barán, indicó que la institución respondió a las 45 observaciones formuladas. Asimismo, mencionó que, a raíz de las irregularidades detectadas, decidió la intervención del INCAN para determinar responsabilidades. No obstante, destacó avances como la habilitación de un hospital de día con 50 camas y la descentralización de servicios con 11 centros en el país. “Estamos tomando muy en serio todas las observaciones de la Contraloría, porque entendemos que los pacientes oncológicos no pueden esperar”, afirmó.
Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. Maria Teresa Barán y equipo técnico.
Por su parte, autoridades del INCAN señalaron que varias observaciones ya fueron subsanadas, incluyendo la implementación en curso de un registro digital de pacientes y la regulación de la entrega de medicamentos.
PROGRAMA TEA
La Directora General de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, explicó que la auditoría, dispuesta por Resolución Nº 592, detectó importantes debilidades en la gestión del Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Según el informe, el Ministerio de Salud no incorporó acciones específicas en su Plan Estratégico Institucional ni contó con un plan integral vigente durante el ejercicio fiscal 2024
Entre las principales falencias se observan la ausencia de presupuesto específico, la falta de un protocolo de atención preferencial obligatorio y la no designación del Centro de Referencia Nacional ni de centros regionales especializados. Asimismo, no se conformó la Comisión Nacional Asesora ni el equipo técnico previsto en la normativa vigente.
La Contraloría advirtió que estas omisiones impactan directamente en el acceso a servicios de salud, la inclusión social y el acompañamiento a personas con TEA, en contravención de la Ley Nº 6103/18. También señaló deficiencias en la coordinación interinstitucional, la capacitación de funcionarios y la falta de perfiles profesionales definidos para la atención interdisciplinaria.
Asimismo, el informe identificó problemas en la organización interna, debilidades en los sistemas de información, inconsistencias en los registros de pacientes y la existencia de listas de espera que limitan el acceso oportuno a la atención. A esto se suma la falta de estudios epidemiológicos a nivel nacional y la implementación incompleta del Registro Nacional de Personas con TEA.
En respuesta, la directora de Programas de Salud, Carolina Ruíz, informó sobre avances posteriores al periodo auditado, como la aprobación del Protocolo de Diagnóstico en noviembre de 2024 y del Plan Nacional de Atención Integral en marzo de 2025. También se reglamentó la Comisión Nacional Asesora y se designó al Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” como centro de referencia.
Equipo técnico de la Contraloría General de la República.
Por su parte, la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, reconoció las brechas, pero destacó mejoras en la cobertura del servicio. Señaló que el número de consultorios inclusivos pasó de uno a 20 y que se han habilitado centros en distintas regiones del país, además de fortalecer la capacitación del personal con apoyo internacional. Indicó que unas 3.000 personas con TEA fueron atendidas, aunque admitió la falta de especialistas.
En ese sentido, el senador Dionisio Amarilla consultó sobre el presupuesto necesario para el programa a lo cual la ministra respondió que es imprescindible aumentar la inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos para garantizar una atención integral.
Senador Diosnisio Amarilla.
Al cierre de la reunión, el presidente de la Comisión Bicameral, senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de estos informes para fortalecer el control del gasto público y anunció que el plazo para la presentación de requerimientos vence el 21 de marzo, tras lo cual se elaborará el informe final.