La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, sesionó este lunes en modalidad presencial y virtual. Durante la reunión, los legisladores recibieron a representantes de distintas instituciones públicas, con el objetivo de ampliar y avanzar en el estudio del proyecto de Ley que propone modificaciones a varios artículos de la normativa vinculada al programa “Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo”.
La mesa principal integrada por los senadores Derlis Maidana (presidente) y Luis Pettengill (vicepresidente).
Como primer punto del orden del día, fue analizado el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 4°, 5° incisos c), e) y f); 7°, 8° y 9° de la Ley Nº 7264/24, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), modifica y amplía la Ley Nº 5210/2014 de Alimentación Escolar y Control Sanitario y sus posteriores modificaciones, y modifica la Ley Nº 6628/2020, que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, así como los artículos 3°, 5° y 6° de la Ley Nº 4758/2012, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, y sus modificatorias”, presentado por los senadores Colym Soroka, Oscar Salomón, José Oviedo, Carlos Núñez, Noelia Cabrera, Luis Pettengill, Mario Varela y Enrique Salyn Buzarquis.
Para el tratamiento de este punto participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ciencias, la Jefatura del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el Consejo de Gobernadores y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal.
En representación del Ministerio de Desarrollo Social, el viceministro de Políticas Sociales, Carlos Paris, manifestó que, en caso de aprobarse las modificaciones planteadas, la institución acatará lo dispuesto conforme a la normativa vigente. Asimismo, señaló que actualmente las gobernaciones realizan un trabajo minucioso debido a la complejidad operativa que implica la implementación del programa.
Indicó además que la institución no mantiene una postura ni a favor ni en contra de la modificación; sin embargo, consideró que, de concretarse los cambios, el trabajo operativo será aún más amplio, atendiendo a que la distribución abarcaría a cada distrito, lo que requerirá una mayor cantidad de empresas proveedoras y distribuidoras.
Gobernadores y representantes de diversas instituciones.
Seguidamente, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, Verónica Rojas, jefa de Análisis y Aplicación Presupuestaria, expresó la importancia de considerar la eventual suspensión y renovación de contratos en caso de aprobarse las modificaciones al proyecto. Señaló que ello podría afectar la distribución de alimentos en las instituciones educativas, considerando que toda modificación genera consecuencias administrativas que deben ser cuidadosamente evaluadas.
Por su parte, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, la directora de Asuntos Legales, Jazmín Masacote, manifestó que el proyecto de Ley requiere un análisis más exhaustivo, atendiendo al impacto que podría generar específicamente en el sector estudiantil, especialmente si las modificaciones fueran implementadas durante el presente año.
Posteriormente, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón, en representación del Consejo de Gobernadores, señaló que todas las gobernaciones han llevado adelante las auditorías de control correspondientes al año 2025, afirmando que los procedimientos se están realizando de manera correcta y transparente.
En el mismo sentido, los demás representantes presentes expusieron diversos puntos de vista, coincidiendo en la necesidad de continuar avanzando en beneficio del país y, principalmente, de los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar.
Asimismo, los senadores manifestaron sus respectivas posturas, destacando que se trata de un proyecto sumamente delicado, por lo que consideraron fundamental esclarecer en profundidad las modificaciones propuestas. En ese contexto, señalaron la importancia de evitar que el tratamiento de la iniciativa responda a intereses políticos o busque afectar a determinados sectores partidarios.
La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.
Por otro lado, el senador Colym Soroka, principal impulsor del proyecto, manifestó que la modificación no está prevista para su implementación durante el presente año, por lo que, a su criterio, no debería generar preocupación. Señaló además que el punto central del debate no debería enfocarse únicamente en los contratos. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de las gobernaciones en convocatorias anteriores realizadas por la Comisión.
En el mismo sentido, otros senadores proyectistas expresaron su respaldo a la postura planteada por el legislador.
Finalmente, el senador Derlis Maidana agradeció la presencia de los representantes y manifestó que la comisión aún no emitirá un dictamen final, ya que continuará analizando el proyecto junto con los demás sectores involucrados, asegurando que cada sugerencia será estudiada conforme corresponda.
OTROS TEMAS
Como siguiente punto del orden del día, los legisladores analizaron el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 89, 137, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 149 y 279 de la Ley Nº 7280/2024 ‘De reforma y modernización de la Policía Nacional”, presentado por los senadores Basilio Núñez, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Zenaida Delgado, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Noelia Cabrera, Carlos Liseras, Blanca Ovelar, Oscar Salomón, Lizarella Valiente, Rubén Velázquez y Eduardo Nakayama. La instancia decidió postergar su estudio a fin de introducir algunas modificaciones.
Senadores presentes durante la reunión.
Como tercer punto del orden del día, fue tratado el proyecto de Ley “Que crea el cuarto turno del Juzgado Penal de Ejecución de Alto Paraná”, presentado por la diputada Rocío Abed de Zacarías. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, recibió dictamen favorable por parte de la Comisión.
Por último, los legisladores analizaron el proyecto de Ley “Que crea un Juzgado de Paz en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná – Zona Km 30”, presentado por las diputadas Bettina Aguilera y Rocío Abed de Zacarías. En este caso, la Comisión recomendó el rechazo de la propuesta, considerando que en el distrito ya existe un Juzgado de Paz y que cualquier ampliación requerirá un análisis más exhaustivo y mayor tiempo de estudio.