El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio sobre la denominada “Mafia de los Pagarés”, ofreció una conferencia de prensa acompañado de la senadora Celeste Amarilla, a fin de informar sobre los avances en los trabajos que viene realizando esta instancia legislativa.

^{Conferencia de prensa en la sala Pablo Medina.}

Durante la conferencia, el senador Filizzola se refirió a dos aspectos relevantes dentro de la investigación de este esquema delictivo. En primer lugar, mencionó la preocupación por la gran cantidad de denuncias recibidas por parte de jubilados, quienes reportan descuentos en sus haberes por supuestas compras o créditos que no reconocen.

Para atender esta problemática, el legislador comunicó que se habilitó una línea telefónica especial, el (0986) 800 300, disponible de 9:00 a 15:00 horas, exclusivamente para casos relacionados con jubilados. Además, informó que ya se realizaron gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras instituciones estatales, a fin de establecer un procedimiento más riguroso antes de aplicar cualquier descuento.

“Antes, bastaba con que las asociaciones de jubilados o ciertas entidades enviarán una simple planilla de Excel para que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones proceda a efectuar los descuentos. En cambio, para revocar esos descuentos —muchas veces irregulares y sin respaldo documental— se exige a la persona afectada cumplir con trámites engorrosos, como presentar firmas autenticadas y otros requisitos que complican la defensa del afectado”, explicó el presidente de la Comisión.

El legislador también informó que, sin distinción entre jubilados y no jubilados, ya se han recibido más de 4.000 denuncias. Indicó que se está trabajando de manera coordinada con diferentes ministerios, instituciones y organismos como el Banco Nacional de Fomento y la DNIT, para simplificar los procedimientos y permitir que cualquier persona afectada por descuentos indebidos pueda revocar las autorizaciones con facilidad. Asimismo, se busca que los descuentos judiciales no superen el 25% del salario.

Entre los casos más representativos mencionó el de Salvador Vera, quien solicitó un préstamo de G. 10 millones, pero fue obligado a firmar un pagaré en blanco, que luego fue completado por G. 22 millones. A pesar de haber pagado la totalidad de la deuda, el afectado fue demandado en Santaní, donde finalmente se logró demostrar que la obligación estaba saldada, según destacó el senador Filizzola.

^{Los senadores Rafael Filizzola y Celeste Amarilla.}

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla cuestionó la falta de respuestas de las instituciones competentes ante esta problemática. “Los afectados fueron de institución en institución relatando sus casos, y no pasó nada. Tuvo que ser el Senado, mediante esta Comisión Especial, el que tomara cartas en el asunto”, expresó.

Finalmente, el docente Reino Salvador Vera compartió su experiencia como víctima de descuentos compulsivos y el mecanismo delictivo utilizado para reactivar cobros aun después de haber cancelado la deuda. “Esto es una gran estafa. Seguimos siendo víctimas, no solo los docentes, también militares, enfermeros, médicos y policías están afectados”, denunció.