La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, celebró este martes una reunión extraordinaria, en el marco del nuevo año legislativo, con el objetivo de analizar diversos proyectos de Ley vinculados al sistema penitenciario y a modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Reunión extraordinaria de la Comisión asesora.
En primer lugar, fue analizado el proyecto de Ley “Que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas, y deroga la Ley Nº 7238/2023 y la Ley Nº 7420/2024”, presentado por varios diputados.
La propuesta plantea modificaciones a fin de otorgar mayor flexibilidad en la contratación de personal, considerando que el régimen general de la función pública establece procesos rigurosos y prolongados para dicho efecto. La modificación permitiría la incorporación inmediata de personal penitenciario, cubrir vacancias críticas, evitar el colapso operativo e incorporar especialistas en áreas de seguridad, inteligencia, tecnología o intervención rápida.
Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión aconsejó su aprobación por unanimidad.
Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión.
Posteriormente, los legisladores consideraron el Mensaje Nº 3.257 de la Cámara de Diputados, por el cual se devuelve con modificaciones el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 207 de la Ley Nº 1680/2001 ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’”, presentado por los senadores Javier Zacarías Irún y José Oviedo.
La propuesta plantea modificar el periodo de aplicación de las medidas privativas de libertad en hechos calificados como crímenes, bajo el argumento de que el Estado debe advertir la situación de criminalidad en aumento entre adolescentes y diseñar políticas públicas concretas, no solo orientadas a la reinserción social de los casos judicializados y condenados, sino también a una política preventiva frente a la comisión de hechos punibles.
Al respecto, la senadora Lizarella Valiente manifestó que el proyecto originalmente proponía elevar las penas privativas de libertad para adolescentes hasta un máximo de 15 años, según lo analizado en el Senado. No obstante, en la Cámara de Diputados, tras un trabajo coordinado con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), se determinó que el plazo más adecuado sería de hasta 10 años de privación de libertad, con un enfoque educativo y de reintegración social, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. “Ese periodo de tiempo es el más adecuado para la reinserción social”, expresó la legisladora.
La reunión se realizó de manera presencial y virtual.
Asimismo, se destacó que, con la modificación de la norma, se pretende contribuir a una mayor equidad y eficiencia en la aplicación de sanciones a adolescentes en conflicto con la ley penal, así como a la reducción de la reincidencia. En ese sentido, la Comisión recomendó aprobar la versión remitida por la Cámara de Diputados.
De la reunión participaron, de manera virtual, los senadores Dionisio Amarilla, Pedro Díaz Verón y Hermelinda Alvarenga.
