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Reforma Agraria interviene entre comisiones vecinales y el INDERT

La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, presidida por el senador Pedro Santa Cruz, se reunió en la mañana de este miércoles de manera presencial en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores con la participación de la abogada Gail Gina González, presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). 

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Al inicio del encuentro fue puesta a consideración una nota presentada por representantes de la comisión “De fomento y desarrollo de la Colonia Santa Lucía”, del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, por la cual solicitan intermediación de la comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural ante el INDERT con relación al expediente administrativo N° 5620/20.

En ese sentido, Cristian Sánchez y Raquel Ferreira, quienes estuvieron presentes en la reunión manifestaron su preocupación por la situación de la colonia Santa Lucía, especialmente sobre los juicios pendientes de algunos inmuebles que no pueden ocupar. 

Por su parte, la presidenta del Indert, abogada Gail González, les prometió que la institución a su cargo realizará un relevamiento de datos en la colonia en el plazo de un mes, a fin de dar solución definitiva a la problemática del lugar y solicita a los ocupantes el apoyo para dicho trabajo.

En un segundo momento se presentó una nota por representantes de la comisión vecinal “Campo Libre”, del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, por la cual solicita intermediación de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural ante el INDERT con relación a la Ley N° 5949/2017. Esta legislación declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDERT, un inmueble individualizado como finca N° 2.467 padrón N° 2.876 del distrito de Francisco Caballero Álvarez del departamento Canindeyú.

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Luis Ovelar, poblador del lugar, denunció que ocupan un inmueble que fuera expropiado por Ley N° 5949/2017 del Congreso Nacional (578 hectáreas) y que posteriormente apareció el propietario que destruyó los cultivos agrícolas.

Por su parte, la asesora jurídica del INDERT, abogada Rossana Galván, informó de la situación jurídica de la finca, manifestando que el inmueble expropiado no corresponde al lugar, sino que queda a 30 km distante, por lo que pidieron informes a Registros Públicos, Catastro Nacional y a la Abogacía del Tesoro, quienes respondieron que este ente estatal no podía indemnizar al propietario porque no corresponde, no procede el pago, en consecuencia no se perfeccionó la Ley de expropiación. Para este punto se plantearon tres alternativas de soluciones. Derogar la ley de expropiación; ubicar el inmueble, si el mismo corresponde a un terreno fiscal , o bien, dar solución alternativa a los campesinos ocupantes del inmueble hasta tanto se resuelva la situación.

En el punto tres del encuentro expusieron la nota presentada por las comisiones vecinales “Asentamiento Paz y Alegría” y “1° de Mayo”, distritos de San Lázaro, San Carlos y San Alfredo, departamento de Concepción, por la cual solicitan la mediación del Senado ante una problemática de tierra. 

La representante jurídica del INDERT, abogada Rossana Galván manifestó que  Abderrada Yambay y Felino Amarilla por medio de una nota presentada a la institución desistieron del ofrecimiento de donar 10 mil hectáreas, resaltando que la donación realizada nunca se perfeccionó.

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La comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural recabará los antecedentes de la escritura de donación y todo lo relacionado al tema.

El cuarto momento del encuentro se llevó a cabo con la presentación de la nota, hecha por el representante de la comisión vecinal “Torín Iguazú”, del distrito de J.E. Estigarribia, departamento de Caaguazú, por la cual solicita la urgente intermediación de la comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, ante el INDERT con relación al expediente administrativo N° 312/90.

En ese sentido las autoridades del INDERT manifestaron  que ofrecieron 17 títulos de propiedad a los ocupantes, quienes se rehusaron a firmar los documentos, hace aproximadamente 30 días. 

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