Funcionarios de la Comisión de Desarrollo Social, presidida por el senador José Ledesma, en prosecución de las mesas de trabajo instaladas con instancias legislativas,  instituciones estatales y organismos internacionales que trabajan en el sector Niñez, mantuvieron una reunión conjunta con representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes expusieron detalles de varias acciones emprendidas.

Reunión realizada el miércoles último, con participación de funcionarios e invitados.

Asimismo, participaron del encuentro los integrantes del equipo técnico del despacho del senador Patrick Kemper, técnicos de la comisión asesora y representantes de las comisiones de Derechos Humanos, de Equidad y Género y del Observatorio Legislativo del Congreso Nacional.

Las representantes del UNFPA, Rocío Galiano Marés, representante nacional, Carolina Ravera, oficial de Comunicación y Marta Vera, coordinadora de Proyecto Prevención del Embarazo Adolescente y el Abuso Sexual, realizaron una presentación de las acciones que se encuentran realizando, específicamente en el tema de la prevención y reducción del embarazo adolescente no intencional y sus consecuencias, tanto económicas como sociales, en el Paraguay.

Desde UNFPA, trabajan específicamente en los temas de salud sexual y reproductiva, igualdad de género, población y desarrollo, y todo aquello que tenga que ver con el contexto y la dinámica de población de un país y cómo esa dinámica de población debe ser considerada en la toma de decisiones de políticas públicas y en las políticas y normativas legislativas del país.

Como antecedente, comentaron que el Paraguay participó de un proceso de trabajo conjunto, iniciado en el año 2015, cuyo resultado fue “El marco estratégico regional para la prevención y reducción del embarazo adolescente no intencional”, en el cual se incluyó tanto a las autoridades como al funcionariado público de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, así como UNFPA, la OPS, a la UNICEF y a personas expertas en la temática.

El proceso involucró varios encuentros donde se evaluaron, de manera conjunta, las respuestas políticas para la prevención y reducción del embarazo en las adolescentes y jóvenes en los países del Cono Sur.  Además, se reflexionó sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y se identificaron las lecciones aprendidas y las prácticas promisorias para la cooperación horizontal entre los países. Los apuntes para la construcción de una agenda común, siendo el primer diagnóstico subregional, en esta materia, que brinda evidencia sobre la situación de la fecundidad y maternidad adolescente y la respuesta de los 5 países a esta desafiante realidad fueron los resultados relevantes este trabajo colectivo.

SITUACIÓN EN PARAGUAY

Según informaron durante la reunión, la población a la que orientan las acciones es el 20 % de la población paraguaya, que tiene entre 10 y 19 años, con una tasa de embarazo en adolescentes de 79 cada 1000 mujeres, lo cual sitúa al Paraguay con la tasa más alta del Cono Sur, lo cual, indica que esta tasa sube en la población indígena adolescente.

Esta situación se presenta en tres ámbitos importantes y va en detrimento de las niñas: menor educación, ingresos bajos y menor participación laboral, lo que impacta directamente en el desarrollo social y económico de las adolescentes.

Los tres indicadores citados anteriormente tienen un impacto económico negativo en el país, lo que se traduce en menos recaudación, pues el país deja de percibir anualmente por causa del embarazo adolescente y la maternidad temprana; así también, el fisco se ve afectado, además, conlleva más gastos en salud, lo que totaliza aproximadamente 768 mil millones. Específicamente en el área de los servicios públicos de salud, Paraguay destina más de 37.600 millones de guaraníes para atender embarazos y partos de adolescentes.

Esta problemática requiere un abordaje multidimensional, pues esta situación está directamente relacionada con situaciones de abuso, cuya consecuencia directa es el abandono escolar. Indicaron que, en el país, no se cuenta con programas formales de educación sexual con un abordaje integral que permita trabajar la prevención de este flagelo.

Otra de las situaciones que urge incluir en la agenda del Estado y que se traduzca en políticas públicas efectivas y presentes en todo el territorio nacional, son las ‘uniones tempranas y forzadas en el Paraguay’, lo que constituye un complejo relacionado con las desigualdades de género y están vinculadas directamente a condiciones de: pobreza, violencia estructural, baja escolaridad, ruralidad, entre otras.

Cabe destacar que, a fin de contar con legislación comparada, desde la Comisión se inició un proceso de diálogo con la Lic. Gloria Canclini, directora de la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública y del Consejo Directivo Central, órgano colegiado de conducción de la Educación Pública Inicial, Primaria y Media, de la Rca. del Uruguay.

OTRA REUNIÓN

Como conclusión, manifestaron agradecimiento a la apertura realizada desde esta instancia legislativa, y en la inteligencia de aunar esfuerzos, el senador José Ledesma, presidente de esta comisión asesora, promoverá una próxima reunión técnica con Gabinete Social, a fin de fortalecer la “Ruta de Intervención Interinstitucional de Atención Integral del Abuso Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes” que tiene como ámbito de acción el Departamento de Caaguazú, y analizar la posibilidad de avanzar con dicho proceso, en los distritos donde se encuentra instalado en el Programa “Vamos”, Sistema de Protección Social, y con ello, visibilizar, en forma integral, las políticas públicas en diferentes zonas del país.

Es importante indicar que esta actividad se realiza en el marco del seguimiento a la aplicación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del Estado, uno de los principales objetivos de esta comisión asesora permanente, con el fin de aunar esfuerzos con organismos internacionales e instituciones estatales, en consonancia con las líneas de una política social inclusiva y sostenible, que promueve el acceso a derechos, constituyéndose en una hoja de ruta para que los paraguayos accedan efectivamente a la protección social a largo plazo, en el marco del Sistema de Protección Social.