En la mañana de este miércoles, el parlamentario del Mercosur Ricardo Canese, presentó una propuesta de declaración al organismo regional, a través de la cual se pide al mismo que condene “la grave violación al derecho a la tierra ancestral de las comunidades indígenas del Paraguay, por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial y el gobierno de Abdo Benítez de la República del Paraguay, manifestando honda preocupación por los violentos desalojos perpetrados por tales instituciones en los meses de mayo, junio y julio del presente año, encomendándose a la Comisión de DDHH del Parlasur realice a la brevedad posible un visita “in situ”, de manera a constatar tales delitos de lesa humanidad”.
(Foto Gentileza: Resumen Latinoamericano)
En cuanto a los motivos para la presentación, expuestos en un documento de cinco páginas, Canese sostiene que la comunidad indígena Ka’a Poty 1 [Bosque Florido] del pueblo Avá Guaraní, ubicada en Itakyry, departamento de Alto Paraná, fue desalojada de sus tierras ancestrales en el pasado mes de junio, pese a contar con título legítimo otorgado por el Estado Paraguayo, a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), adquirido ya en 1996. La propiedad indígena está registrada, además, en la Dirección General de Registros Públicos y en el Servicio Nacional de Catastro, según plantea.
PROPIETARIOS CON TÍTULOS FALSOS
“¿Cómo se los desaloja de su legítima propiedad? A pedido de supuestos propietarios, entre ellos latifundistas, del Departamento de Alto Paraná, que cuentan con títulos falsos, o al menos de dudosa procedencia, lo que es promovido por la Fiscalía, ordenado por el Poder Judicial y finalmente ejecutado el desalojo por el Ministerio del Interior”, prosigue.
Agrega que las instituciones citadas, son meras “oficinas de latifundistas financiadas con dinero público, que impulsan, ordenan y ejecutan el desalojo, absolutamente ilegal, atentatorio de los más elementales derechos humanos, y que se constituyen en crímenes de lesa humanidad, hasta ahora con total impunidad. Quemaron absolutamente todas las viviendas y la escuela de los indígenas, quienes están, desde ese entonces, a la intemperie, reclamando sus derechos”. Menciona que hoy están 60 adultos y 44 niños, a raíz del desalojo, en la Plaza de Armas de Asunción.
OTROS DESALOJOS
Menciona también el caso del reciente desalojo de la comunidad indígena Avá Guaraní de Tekoha Ka’avusu, también del distrito de Itakyry, Alto Paraná, compuesta por unas 60 familias, la cual fue violentamente desalojada de sus legítimas tierras los días 7 y 8 de julio pasado, resultando varios heridos con balines de goma, además de ser quemadas sus pertenencias .
“En simultáneo al desalojo contra Tekoha Ka´avusu, el día 7 de julio, también se procedió al desalojo de la comunidad Avá Guaraní Cristo Rey, ubicada en el distrito de Yvyrarovana, departamento de Canindeyú. Al menos 100 familias de esta comunidad ahora están viviendo en calles aledañas”, prosigue el escrito.
Además, Canese asegura que a estos tres últimos desalojos hay que sumar el realizado el 01 de junio, contra la comunidad indígena Avá Guaraní de Yvy Porã, y que afectó a unas 80 familias indígenas, en la colonia Río Verde, de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro y que, tras ser desalojadas de sus tierras ancestrales, están a la vera del camino, llegando a soportar toda la inclemencia del tiempo, con grave afectación a su derecho a la salud, además de perder el derecho a la tierra y a una vida digna.
Suma a este caso, el de la comunidad indígena del Avá Guaraní de Cerrito, ubicada en Minga Porã (Alto Paraná), con otras 85 familias víctimas, así como otros de similar impacto, como la invasión de tierras ancestrales indígenas el 11 de julio pasado, nada menos que el territorio sagrado del pueblo Paĩ Tavyterã, llevado a cabo por civiles armados, capangas de terratenientes.
INSEGURIDAD JURÍDICA
“Estos desalojos casi simultáneos, en mayo, junio y julio, de seis (6) comunidades indígenas de la Región Oriental, a quienes le pertenece legítimamente valiosas tierras que pretenden ser usurpadas por latifundistas, se dan en un marco de inseguridad jurídica que afecta a prácticamente todas las comunidades indígenas del país”, añade el representante popular.
Menciona, a su vez, las violaciones de preceptos legales en dichas acciones, tales como los artículos 62 al 64 de la Constitución Nacional y convenios asimilados por nuestra legislación, al igual que la Ley N° 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.
“Esta grave situación de las comunidades indígenas del Paraguay amerita que el Parlasur manifieste su preocupación y que la Comisión de DDHH del Parlasur se desplace hasta los sitios de desalojo y hasta donde están precariamente desplazadas las familias indígenas, a fin de constatar los derechos humanos que son vulnerados”, concluye la fundamentación.