El presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, se reunió en la fecha con Héctor Luis Rubín, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, con quien abordó el proyecto de modificación de la Ley de bienestar animal, principalmente en lo concerniente al aumento de penas para casos de maltratos a animales.
Héctor Luis Rubín, titular de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.
El senador Núñez dijo al respecto, que se están viendo las diferentes propuestas de modificaciones, así como las opiniones de diversos actores, a fin de tener un documento completo y unificado.
Por su parte, el alto funcionario del Poder Ejecutivo, declaró que “es necesario que las penas sean mucho más fuertes para poder lograr que vaya a la cárcel la gente que maltrata, que asesina y hace daño a los animalitos”.
“Estamos terminando de elaborar el proyecto y trabajando conjuntamente con el presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez. Hemos recibido múltiples aportes y sugerencias de la ciudadanía a través de diferentes vías, incluyendo la página de la dirección”, refirió.
Rubín subrayó la importancia de los aportes ciudadanos, mencionando que uno de los proyectos intermedios propone elevar las penas a 8 años de cárcel. “Es fundamental que se consideren todas las posibilidades presentadas para asegurar el bienestar animal. Mucha gente aún no comprende que el bienestar animal va más allá de proporcionar agua y comida; se trata de garantizar una vida digna y libre de maltratos”, agregó.
Dijo, además, que el planteamiento desde la Dirección a su cargo es que las penas sean de 10 años de cárcel porque “si no hay sanciones realmente ejemplares no vamos a conseguir nada” y que también trabajará para que las multas sean mucho más elevadas, así como las sanciones en general.
Rubín reiteró el compromiso de la Dirección y del Senado para estudiar todos los proyectos presentados y trabajar en conjunto con el objetivo de desarrollar la mejor legislación posible en beneficio del bienestar animal en general.
En cuatro meses de gestión, explicó, han presentado 110 expedientes al Ministerio Público, solicitando imputaciones y sanciones, de las cuales casi el 90% son sanciones muy graves que esperan respuesta de las autoridades competentes.