La Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, que preside el diputado Raúl Latorre, en su sesión mixta (presencial y virtual) realizada desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados prosiguió con el debate de la reforma del sistema de contrataciones públicas y en ese marco tuvo como invitado al abogado Pablo Seitz Ortiz, director de Contrataciones Públicas.
El alto exponente del Estado dijo compartir plenamente la idea de que el sistema actual de Contrataciones Públicas es insuficiente y no satisface las expectativas por lo está de acuerdo con modificar la actual legislatura.
Entre esas falencias citó el registro de proveedores del Estado, así como el tema del precio referencial. Así también abogó por la modificación en cuanto a la Unidad de Operación de Contratación (UOC), además en lo referente a sanciones más eficientes a los grupos económicos que llegan a formar empresas para proveer al Estado (actualmente la suspensión a las empresas es de apenas 36 meses).
Defendió la idea de que Contrataciones Públicas además de promover las compras eficientes, debe fortalecer la competitividad. Manifestó que el proyecto de cambio debe contemplar que Contrataciones además de ser un órgano de difusión de compras públicas, es una entidad investigativa y de control donde debe prevalecer la actividad preventiva.
Por su parte, los senadores coincidieron en recomendar la transparencia antes que la confidencialidad como herramienta para combatir la corrupción.
El senador Enrique Riera manifestó que a pesar de las buenas intenciones de la institución, Contrataciones Públicas quedó ineficiente. Aconsejó trabajar con instrumentos de transparencia, además de sanciones más eficaces, para castigar a todos los que están en la cadena de responsables de la corrupción, tanto dentro de la entidad, como de las empresas proveedoras.
Por su parte, la senadora Blanca Ovelar propuso la realización de audiencias públicas a la hora de concretar las compras. En este caso, el representante del Estado dijo que se puede tomar la obligatoriedad de las audiencias públicas, pero solo a partir de un monto de licitación y ante ciertos contratos públicos.
