Miembros de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que preside el senador Patrick Kemper, acordaron durante la reunión virtual de esta semana, convocar a José Antonio Ortiz Báez, titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), para conversar a cerca del proyecto de Ley “Que establece el Porcentaje Mínimo de Ganancia a favor de los Corredores de la Quiniela Nacional”.
Este documento, fue presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis, a raíz de los reclamos de los quinieleros, quienes denunciaron una baja en el porcentaje de sus pagos por venta.
Cabe recordar que la empresa adjudicada para la realización de la Quiniela Nacional, había fijado un acuerdo laboral con los corredores, en el que se establecía el pago del 25% de lo recaudado, pero hasta el momento, la firma sólo pagó a los trabajadores el 20%, alegando que éstos están sujetos a un contrato civil de corretaje y no a un vínculo laboral estable, por lo que la comisión de pago fue reducida de forma unilateral debido a los efectos económicos de la pandemia.
Sobre este punto, el senador Stephan Rasmussen, aseguró que es la Conajzar la que debe definir en su pliego de bases y condiciones, el porcentaje que la empresa adjudicada debe pagar a los vendedores, sin fijar esto por Ley ya que podría ser un antecedente perjudicial para ambas partes.
El proyecto, que será analizado con la Comisión dependiente del ministerio de Hacienda, establece que, por Ley la ganancia del corredor sea del 25% de cada día jugado y que los juegos se limiten a dos ediciones diarias. Según datos estadísticos, hay 6.500 vendedores de Quiniela actualmente, que venden unas 282.000 boletas diarias, generando la suma de 1.700 millones por día para la empresa adjudicada, la cual emite premios diarios por aproximadamente 920 millones diarios.
MODIFICACIÓN A LEY DE ANDE, CON LEGISLACIÓN
Otro documento abordado en la fecha, fue el proyecto que modifica la Ley Nº 966 de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), originado en la Cámara Baja, el cual busca proteger a aquellos consumidores que presentan reclamos ante la sospecha de irregularidades en el cobro por consumo, mediante la suspensión del pago de la factura adeudada, hasta tanto la empresa estatal verifique el caso.
Tras un debate, los legisladores concordaron con que el espíritu de la iniciativa es correcto, y resaltaron la necesidad imperiosa de acortar los trámites y proteger al usuario, sin embargo, el estudio fue aplazado de manera a abordar el tema con la Comisión de Legislación para adaptar cuestiones de estilo y forma.
