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Plantean que municiones incautadas sean utilizadas por organismos de seguridad

La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, encabezó una mesa de trabajo con representantes de varias instituciones, con el objetivo de analizar el proyecto de reglamentación de la Ley N° 4.036 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”.

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Específicamente, la propuesta de reglamentación es con respecto al artículo 87 de la mencionada norma, que plantea que las armas y municiones incautadas del crimen organizado sean destinadas para su utilización a los órganos de defensa y seguridad del Estado, como por ejemplo las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Secretaría Nacional Antidrogas, etc.

Luego de analizar detenidamente la normativa y consensuado entre todas las partes, se resolvió remitir al Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Material Bélico, que es la autoridad competente de la aplicación y reglamentación de la mencionada Ley.

Cabe recordar que,  la normativa  se encuentra vigente desde el año 2010, pero no se ha reglamentado hasta la fecha, lo cual no impide su cumplimiento y aplicación.

Esta propuesta de reglamentación surgió luego de una reunión mantenida con autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), quienes manifestaron las dificultades por las que atraviesan para la instrucción, capacitación y adiestramiento de los agentes especiales, a través de las prácticas de tiros; esto, considerando la falta de municiones para este efecto y el bajo presupuesto manejado por la institución.

Con esta reglamentación se logrará sacar provecho de las armas y municiones incautadas del crimen organizado, considerando la falta de presupuesto suficiente en las  instituciones de defensa y seguridad para la adquisición de estos materiales y, teniendo en consideración que las municiones tienen un tiempo de vida útil y que podrían ser utilizadas de una mejor manera.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por los senadores Fernando Silva Facetti y Gilberto Apuril, presidente y relator, respectivamente, de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, de la Cámara Alta.

Participaron el ministro de la SENAD, Arnaldo Giuzzio y el director jurídico Feliciano Almirón; Lici Sánchez, jueza penal de garantías del fuero especializado contra el crimen organizado y Humberto Otazú, juez penal de garantías del fuero especializado contra delitos económicos; los agentes fiscales, Marcelo Pecci y Lorena Ledesma y Patricia Doria, directora jurídica de la Fiscalía General del Estado.

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