Conforme a los diversos testimonios recogidos esta mañana por la Comisión de Ciudadanía y DDHH del Parlamento del Mercosur, la violación de derechos fundamentales en el Paraguay en relación a comunidades indígenas y campesinos se ha incrementado, de manera sostenida, con atropellos desde el poder público, a través de desalojos.

^{Autoridades que encabezaron la actividad realizada en la Universidad Americana.}

La audiencia pública, realizada por el Parlasur y CODEHUPY, en la sede de la Universidad Americana, tuvo como eje el desalojo de las comunidades mencionadas. Al principio, el parlamentario Ricardo Canese indicó los objetivos del encuentro y dio a la bienvenida a representantes de los diversos sectores, al tiempo de destacar que estaban para escuchar, registrar y evaluar cómo se puede contribuir desde el organismo regional.

La reunión estuvo presidida por la parlamentaria Elena Corregido, titular de la comisión mencionada, quien manifestó, en los mismos términos que Canese, que están interesados en los derechos vulnerados con los desalojos, para monitorear el ejercicio de los DDHH de todas las poblaciones.

FUERTÍSIMA DESIGUALDAD

El secretario general de la CODEHUPY, Dante Leguizamón, en su presentación, destacó el contexto en el que se producen los desalojos, que se caracteriza por una “fuertísima desigualdad”, en que la brecha entre ricos y pobres se va profundizando, además de que la pobreza se siente mucho más entre los campesinos e indígenas.

Entre otros aspectos, también mencionó la paupérrima inversión social, una de las más bajas de la región, además del modelo de desarrollo económico productivo, que sostiene una baja generación de empleo y concentración de la riqueza en manos de pocos. Recordó, asimismo, la injusta distribución de la tierra, que se ha profundizado en los últimos tiempos, pasando del diez por ciento a manos de los pequeños productores a seis puntos tres por ciento.

“Si hablamos de una de las deudas más importantes que tiene el Paraguay y de comunidades indígenas, la deuda se ve evidenciada como la peor distribución de tierra productiva en la región y esa peor distribución evoluciona de manera desfavorable, cada vez es peor”, prosiguió.

En los últimos censos agropecuarios, conforme a Leguizamón, el 10% de las tierras estaba en manos de pequeños productores, hace unos años atrás, y hoy se ha reducido a 6,3%. El 85% por ciento de la superficie agropecuaria es poseída por el 2,6% de la población, añadió, al tiempo de recordar los perjuicios producidos por la dictadura stronista, así como la Ley Zabala/Riera, que criminaliza la invasión de tierras.

A su vez, Xavier Mena, Representante Regional Adjunto para América del Sur, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD, mostró estadísticas que demuestran el incremento acelerado, en los últimos años, de violaciones de los DDHH de las comunidades indígenas y campesinas, referidas al acceso a la tierra, a la vivienda, salud y alimentación, entre otros.

En tal sentido, afirmó: “Hay un aumento significativo del tipo e intensidad de los acontecimientos. Resulta muy notorio el aumento de desalojos forzosos”. Entre los casos incluyen los desalojos forzosos, las protestas pacíficas, las amenazas, los choques y ataques y protestas violentas. Estos han sido 44 en el 2018 y, en el 2021, un total de 224 eventos, lo que implica que casi se quintuplicaron. Agregó que en los casos aparecen tanto civiles armados como fuerzas regulares.

Son necesarias una mayor acción para garantizar la reforma agraria y el apoyo a la Comisión Nacional de recuperación de tierras mal habidas, que ha sido creada por ley, añadió el funcionario de Naciones Unidas, entre sus recomendaciones.

Por su parte, Yudith Rolón, en representación del INDI, indicó que están en permanentes acciones para impedir el desalojo de las comunidades indígenas y que las urgencias impiden, inclusive, llevar a cabo un trabajo planificado. A su vez, Dalila Ferreira, el nombre del INDERT, enumeró los trabajos para la regularización de tierras campesinas, a través de titulaciones.

ATROPELLOS Y PERSECUCIÓN

Tras las intervenciones de autoridades, hicieron uso de la palabra María Luisa Duarte, Articulación Nacional de los Pueblos Indígenas por una Vida Digna (ANIVID), Marciano Jara, de la Pastoral Social de Concepción, Isidora Bazán, de la Organización Campesina del Norte, Mario Rivalora, de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, Marta Figueredo, Organización por la Lucha por la Tierra, entre otros, quienes dieron testimonio de los atropellos que han sufrido sus grupos, con casos locales y mención a la situación general.

María Luisa Duarte enfatizó que en los desalojos hasta violaciones suelen ocurrir. “Somos garroteadas, sufrimos humillaciones e inclusive violaciones que no salen a la luz”, recalcó y subrayó también que, tras la promulgación de la “Ley Riera/Zabala”, de criminalización de las invasiones, los casos se han recrudecido, aspecto que fue mencionado en reiteradas ocasiones por diversas personas.

Marciano Jara, lamentó lo que se está haciendo con el Paraguay, con ríos secos y montes deforestados, en un tipo de desarrollo que no lleva a buen puerto.  Mario Rivarola, por su parte, manifestó que “las leyes están de adorno” en este país y recordó el caso Hugua  Poí, que ha sido desalojada varias veces, pese a poseer título de las tierras. 

Ernesto Benítez, dirigente de San Pedro, apuntó que lo que ocurre es una “genocidio, ecocidio y etnocidio” y que parte del genocidio ocurre con la utilización de “agro tóxicos”, que producen cáncer y haciendo que ahora sea la enfermedad número dos en el país, cuando hace veinte años estaba en el número diecisiete.

Los testimonios fueron varios más, todos en el mismo sentido y lamentaron la política de Estado de criminalización de las luchas sociales y la actuación de, principalmente, el Ministerio Púbico y las fuerzas policiales.

CON OTRAS AUTORIDADES

En un momento de la reunión, el parlamentario Ricardo Canese lamentó que las autoridades el Ministerio Público no recibirán a sus colegas del Parlasur e indicó que, si están cometiendo crímenes lesivos de los DDHH, finalmente deberán rendir cuentas. Por otra parte, según la agenda mencionada, tienen previsto reunirse con autoridades del Poder Judicial, el INDI y el INDERT.

Además de Corregido (Argentina) y Canese, estuvieron presentes los parlamentarios Neri Olmedo (Paraguay) y Gastón Harispe (Argentina) y la uruguaya Bettiana Díaz. Todos ellos intervinieron con comentarios y consultas.

Mañana los parlamentarios tienen previsto visitar la comunidad de Primero de Marzo, de Canindeyú.