Encabezada por el senador Rafael Filizzola, se desarrolló una audiencia pública en la que debatieron sobre las implicancias del proyecto de Ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”, presentado por el Poder Ejecutivo anterior. Para el efecto, asistieron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

_{El senador Carlos Filizzola y la senadora Esperanza Martinez, junto a los representantes del MEF, en la apertura del evento.}

En ese contexto, el senador Rafael Filizzola, destacó la importancia de la participación de los sectores involucrados en el proceso de análisis de este proyecto. Explicó que el documento a ser analizado durante la audiencia pública es el presentado por el Poder Ejecutivo anterior y que existe un documento en revisión por parte de técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual será remitido al Poder Legislativo durante la fecha.

Seguidamente, detalló que, luego de la aprobación de la Ley vigente, se detectaron varias inconstitucionalidades que afectan el funcionamiento operativo de varias instituciones, lo cual generó un desorden jurídico en la aplicación de la Ley.

En otro momento, el legislador informó que solicitarán al Pleno del Senado que la nueva versión del proyecto sea analizada en Comisiones y dictaminada como corresponde antes de ser tratado en sesión.

De igual manera, la senadora Esperanza Martínez, recalcó la importancia de la participación de los sectores afectados y que el proyecto sea estudiado con prudencia y con criterios objetivos.

“Necesitamos que el estudio del proyecto tenga el tiempo suficiente y la participación suficiente de los futuros beneficiarios de esta Ley para que saquemos el mejor proyecto en favor de los trabajadores y las trabajadoras”, enfatizó.

Por su lado, la senadora Yolanda Paredes, reprochó que la presentación del nuevo proyecto se haya realizado sin consenso y solicitó a los representantes del MEF la conformación de una mesa de trabajo para que el proyecto sea discutido con los sectores involucrados.

“No pueden hacer ningún proyecto de Ley de servicio civil sin involucrar a los grupos que incluyen la masa de trabajadores y defienden sus derechos. Hay muchas cosas preocupantes, no hay que bajar los brazos”, manifestó.

_{La senadora Yolanda Paredes, durante su intervención.}

Por su parte, Andrea Picaso, viceministra Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), detalló el proceso de análisis y modificación del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo anterior. Además, considero que la Ley 1626/2000 “De la Función Pública” marcó un hito legislativo en el Paraguay, sin embargo, la aplicación de la normativa se vio afectada por los aspectos inconstitucionales y las lagunas legales no contempladas durante su elaboración.

“Con el equipo actual buscamos mejorar el proyecto presentado en el 2022, teniendo en cuenta los errores de la Ley vigente”, sostuvo.

Según lo relatado por la representante del MEF, las principales modificaciones, propuestas por el Poder Ejecutivo actual, están relacionadas a lo concerniente a las autoridades de aplicación, la carrera civil, los ingresos por concurso y sobre la trayectoria del servicio civil.

Por su lado, Fernando Benavente, representante de la Dirección General del Tesoro, indicó que mediante un análisis global se han detectado varias inconsistencias legales que, a lo largo de los años, generaron varias distorsiones en todo el sistema público. Además, resaltó

Hizo hincapié en la necesidad de una reforma de la función pública amerita y manifestó que uno de los puntos más importantes para el éxito en la construcción de este proyecto, es la compresión del concepto y funcionamiento de la carrera civil. Además, resaltó que la aplicabilidad del proyecto depende estrictamente de la congruencia con el Presupuesto General de la Nación.

“Es muy importante que los funcionarios sepan dónde están y a dónde van durante toda su carrera pública. Es importante interiorizarse sobre lo que consiste la carrera pública. Esto no va a funcionar sin que la Ley de la función pública no vaya de la mano con el Presupuesto”, señaló.

De la audiencia pública participaron las senadoras Esperanza Martínez, Yolanda Paredes y el diputado Mauricio Espínola. El evento se desarrolló en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores.

_{Vista general de salón Acosta Ñu, durante la actividad.}

ORADORES

Al respecto, Julio González, representante de la Asociación Nacional de Trabajadores con Discapacidad (ASONADIS), manifestó su postura en contra del proyecto teniendo en cuenta que el documento no contempla varios aspectos necesarios para el correcto cumplimiento de la norma. Además, instó a la conformación de una mesa de trabajo con todos los sectores de los trabajadores para lograr un documento completo y participativo.

“Vemos que varios derechos serán cercenados con esta Ley. Si la elaboración no se hace con los afectados, esta ley será atacada por inconstitucionalidad nuevamente”, enfatizó.

Por su parte, José Duarte, representante del sindicato de trabajadores del SENAVE, apeló por el cumplimiento del proceso legislativo necesario para el tratamiento del proyecto. En ese sentido, mostró su descontento con la falta de análisis del proyecto por parte de la Comisiones técnicas de la Cámara de Senadores.

“Acá no estamos respetando los procesos, este proyecto no fue revisado por los técnicos ni por los parlamentarios”, señaló.

Por su lado, Estela Invernizzi, de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), mencionó que realizaron un análisis exhaustivo del documento y lamentó que no haya sido elaborado con el sector más afectado, refiriéndose a los funcionarios del sector público. Agregó que uno de los artículos cuestionados por la institución al que representa, es el artículo, que planea la estipulación de la estabilidad laboral en un periodo de 4 a 5 años.

“Pedimos que se instale una mesa en la que podamos participar y defender los derechos de los trabajadores. No vemos modificaciones nuevas, este proyecto va a lograr más precarización. Queremos sentarnos a trabajar por algo que nos sirva a todos”, manifestó.

A su vez, Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, cuestionó la falta de participación en el análisis del proyecto original y solicitó que sean considerados en el proceso de construcción del documento.

“Nos enteramos que existen nuevas modificaciones, pero todavía no recibimos ningún proyecto. Muchos de los problemas no se solucionan con una Ley”, expresó.

_{Representante de la Asociación Nacional de Trabajadores con Discapacidad.}

También hizo uso de la palabra, Graciela Notario, representante del Frente Sindical de funcionarios públicos, quien indicó que es difícil brindar una postura final sobre el documento que será tratado ya que aún no ha sido socializado. Resaltó que existen varios aspectos que les genera preocupación como los relacionados a la estabilidad laboral, a los vínculos contractuales y a los cargos de confianza.

“No podemos hablar sobre lo que se va a tratar, solo tenemos el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo anterior. Nos preocupan muchas cosas.”, sostuvo.

A su turno, Luis Ramírez, secretario general del Sindicato General de Profesionales del Rectorado de la UNA, agradeció a los legisladores por brindar un espacio de participación ciudadana para el análisis de este proyecto.

Mencionó que detectó que el denominador común entre los participantes es la petición de un análisis profundo durante el tiempo que sea necesario y la participación de todos los sectores. Seguidamente citó algunos artículos que deben revisados ya que afectan a temas muy sensibles como la formación de los funcionarios públicos, los ascensos base de la meritocracia, al retiro digno y a la implementación de tecnologías para los procesos de concursos para una mayor transparencia.

_{Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano.}

SOBRE EL PROYECTO

Fue presentado por el Poder Ejecutivo, encabezado por el entonces presidente Mario Abdo Benítez, mediante el mensaje Nº 709, de fecha 21 de octubre del 2022.

El documento fue remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Derechos Humanos; Salud Pública y Seguridad Social; Equidad y Género; y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

Según la exposición de motivos, la propuesta tiene por objeto establecer las disposiciones de carácter general que serán aplicables a todas las carreras de la función pública señaladas en el artículo 101 de la Constitución y en las demás leyes especiales, así como regular las normas y procedimientos de la carrera del servicio civil.

En este proyecto se contemplan las solicitudes y demandas de los sectores involucrados, tanto del personal público como de la sociedad civil. Dichas solicitudes y demandas se han recogido en la presente iniciativa con la finalidad de resolver de manera satisfactoria el reto que para el Estado paraguayo plantea la reforma de la función pública, que solo será posible si la nueva ley recibe una aceptación universal que facilite su aplicación práctica.