Una mesa de trabajo convocada por el senador Eduardo Nakayama reunió a representantes de instituciones vinculadas con la seguridad vial, el tránsito, la academia y organismos del Estado, con el propósito de analizar el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 107 y 217 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal”.
El senador Eduardo Nakayama durante la mesa de trabajo.
La propuesta plantea elevar las penas para los casos especialmente graves de homicidio culposo y fortalecer las sanciones aplicables a quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, particularmente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Durante el encuentro, el senador Eduardo Nakayama explicó que la iniciativa surge ante los graves hechos de tránsito registrados en el país y, particularmente, a raíz del accidente ocurrido en la ruta Luque-San Bernardino, que causó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos niños.
El legislador señaló que existe preocupación ciudadana respecto de la respuesta penal prevista actualmente para determinados hechos de tránsito con consecuencias fatales. En ese sentido, sostuvo que se busca establecer una política criminal acorde con la gravedad de estos hechos y que, al mismo tiempo, produzca un efecto disuasorio.
La reunión se realizó desde el salón Acosta Ñu del Senado.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
El proyecto plantea elevar hasta 10 años de privación de libertad la pena aplicable a los casos especialmente graves de homicidio culposo, considerando factores como las circunstancias del hecho, el número de víctimas y el grado de imprudencia del responsable.
Asimismo, propone establecer una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, además de una inhabilitación para conducir por un periodo mínimo de 18 meses y la posibilidad de revocar definitivamente la licencia en casos de reincidencia.
La propuesta contempla condiciones que impiden una conducción segura, entre ellas la embriaguez, el consumo de sustancias, determinados defectos físicos o psíquicos y el agotamiento.
El senador Nakayama sostuvo que las consecuencias jurídicas deben guardar mayor relación con la gravedad de los hechos y que el consumo de alcohol u otras sustancias debe constituir un elemento relevante al momento de determinar la responsabilidad. “Nosotros queremos elevar a 10 años, queremos que esto tenga, lógicamente, otra dimensión”, manifestó.
La reunión contó con la presencia de la senadora Celeste Amarilla.
PREVENCIÓN Y LICENCIA POR PUNTOS
Durante la reunión también se destacó que el endurecimiento de las penas debe estar acompañado de medidas preventivas orientadas a reducir los hechos de tránsito. La senadora Celeste Amarilla señaló que no basta con aumentar las penas y planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de evaluación y control para el otorgamiento de las licencias de conducir.
A su vez, la doctora Susana Medina destacó la importancia de implementar un sistema de licencia por puntos, acompañado de una evaluación permanente de los conductores, como herramienta para fortalecer la seguridad vial y reducir los índices de mortalidad.
Por su parte, el profesor doctor José Ignacio González Macchi, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), realizó un análisis jurídico del proyecto y formuló observaciones y sugerencias orientadas a mejorar su redacción y adecuarlo a los principios del derecho penal.
El encuentro contó con la participación de representantes de varias instituciones.
Finalmente, el senador Nakayama manifestó su expectativa de contar con el acompañamiento de sus colegas para avanzar en una propuesta que establezca una respuesta penal más proporcional ante hechos de tránsito con consecuencias fatales.
La mesa de trabajo se desarrolló en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores y contó con la participación de representantes de la Universidad Nacional de Asunción, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), la Municipalidad de Asunción y la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros.