La Cámara de Senadores y la Contraloría General de la República (CGR) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación y Articulación Interinstitucional con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, la asistencia técnica y el trabajo coordinado en el marco de la investigación que desarrolla la Comisión Especial sobre presuntos títulos académicos falsos o irregulares, presidida por el senador Patrick Kemper.
Momento de la firma del convenio.
La firma del convenio fue encabezada por el presidente de la Cámara de Senadores, senador Basilio Núñez, y el contralor general de la República, Dr. Camilo Benítez.
El acuerdo establece un marco general de cooperación, colaboración y articulación institucional entre ambas entidades para promover el intercambio de información no reservada, conocimientos y buenas prácticas; desarrollar investigaciones, estudios técnicos, programas de capacitación y asistencia técnica; así como coordinar iniciativas orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la integridad, la legalidad, el marco normativo y la eficiencia en la gestión pública.
Durante el acto, el presidente del Senado, senador Basilio Núñez, señaló que varias de las universidades actualmente cuestionadas fueron creadas durante periodos legislativos anteriores y sostuvo que el desafío de la actual administración consiste en impulsar las medidas necesarias para clausurar aquellas instituciones que incumplan las disposiciones legales vigentes.
Vista general de la reunión.
A su turno, el presidente de la Comisión Especial de Investigación, senador Patrick Kemper, explicó que la suscripción del convenio permitirá fortalecer la cooperación entre ambas instituciones, optimizar recursos humanos y técnicos, y sumar la experiencia de auditores, investigadores y profesionales de la Contraloría para acompañar las tareas que desarrolla la comisión.
Asimismo, indicó que este instrumento facilitará el intercambio de información y contribuirá a ampliar la capacidad operativa de la comisión, con el propósito de obtener resultados en el menor tiempo posible.
El legislador adelantó además que las próximas reuniones contemplarán la convocatoria al presidente de la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, a representantes de universidades públicas y privadas, con el objetivo de recabar mayores elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados.
Por su parte, el contralor general de la República, Dr. Camilo Benítez, afirmó que la institución desarrolla sus procesos de fiscalización bajo estrictos estándares de transparencia y recordó que todas sus actuaciones son de carácter público.
Contralor general de la República, Dr. Camilo Benítez.
Asimismo, calificó la situación como "alarmante", al señalar que existen funcionarios públicos que habrían accedido a cargos mediante la presentación de títulos presuntamente falsos o irregulares, situación que, según indicó, requiere una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado.
Además, informó que la Contraloría ya inició una fiscalización especial a partir de denuncias recibidas con anterioridad y que fueron remitidos requerimientos a diversas instituciones públicas para avanzar en la investigación.
Explicó que el trabajo se centra en tres ejes principales: la verificación de carreras sin acreditación de calidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); la habilitación de carreras por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) sin cumplir los requisitos legales; y la detección de títulos presuntamente falsificados.
"Nosotros no sabemos todavía la dimensión de lo que estamos hablando", manifestó el contralor, quien adelantó que, de confirmarse las irregularidades, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente.
INTERVENCIONES DE LOS LEGISLADORES
Tras la firma del convenio, se abrió un espacio de debate. En ese marco, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que la reunión también debió contar con la participación de representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al considerar que la problemática excede el ámbito de competencia de la Contraloría General de la República. Asimismo, afirmó que la comisión debe impulsar el cierre de las universidades involucradas y solicitó conocer el plan de trabajo que implementará el ente contralor.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla propuso iniciar la investigación con las universidades privadas mencionadas en las denuncias, entre ellas la Universidad del Sur (UNASUR), la Universidad Sudamericana y la Universidad Leonardo Da Vinci, a fin de avanzar de manera ordenada en el análisis de los casos.
La reunión se llevó a cabo en la sala "Paz del Chaco" del Senado.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla consideró indispensable conocer con precisión el origen y la dimensión del problema antes de emitir conclusiones, por lo que abogó por contar con toda la información necesaria para el desarrollo de la investigación.
Finalmente, la senadora Lizarella Valiente destacó la importancia de incorporar el Registro Único del Estudiante (RUE) como herramienta para garantizar la trazabilidad del historial académico de los estudiantes. Además, propuso elaborar un cronograma de trabajo que establezca las distintas etapas de la investigación y las convocatorias previstas por la comisión.
Senadora Lizarella Valiente.
La reunión se llevó a cabo en la sala "Paz del Chaco" y contó además con la participación de los senadores Natalicio Chase, Derlis Maidana, Juan Carlos Galaverna y Zenaida Delgado, así como de manera virtual de la senadora Yolanda Paredes.