La Comisión Bicameral encargada de considerar el Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República, llevó a cabo en la fecha una reunión extraordinaria, a fin de analizar la liquidación del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2022.
Autoridades y legisladores, durante la reunión.
La reunión contó con la participación de varios legisladores, además de Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, Camilo Benítez, contralor general de la República y Emiliano Rolón, fiscal general del Estado.
En ese sentido, el senador Dionisio Amarilla, titular de esta instancia legislativa mencionó que el estudio consistió en profundizar el informe de Contraloría y sobre esa base aconsejaron aprobar con observaciones y sugerencias el documento remitido por la Contraloría al Congreso Nacional.
Remarcó en sus declaraciones que varios hechos indicados como punibles, no forman parte del informe de la Contraloría, por ello aconsejaron que en próximos periodos, sea trascendental que ningún hecho considerado punible se omita en el informe presentado al Congreso.
“Creemos de que la Contraloría en su dinámica de relacionamiento interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso debería ser la más interesada en que esas observaciones que guardan relación con ajustes, con la dinámica contable propiamente dicha, se corrijan de manera natural sin necesidad de que año tras año se estén reportando a esta instancia”, expresó.
En su intervención, Camilo Benítez, contralor general de la República manifestó que se encuentran conformes del trabajo realizado por los auditores de la Contraloría, quienes emitieron más de 4.000 informes, que contienen datos específicos sobre la gestión de las instituciones.
Sobre el caso del IPS, agregó que la previsional no pudo componer contablemente la deuda. “Al momento en que se le consulta a quién se le debía, no podían componer, es decir, por estos medicamentos que se proveyeron, se pagó tanto y cuánto es lo que debe y no hubo una composición contable respecto a esa duda”, refirió.
Mencionó que en ese caso, para el equipo auditor es una sospecha razonable por la cual se siente obligado a remitir al Ministerio Público, quien tendrá que determinar puntualmente qué medicina no se repartió y se pagó.
Por su parte, Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, al ser abordado sobre cómo avanzan las investigaciones sobre el IPS, manifestó que algunos aspectos están en la preliminar de investigación y que no tiene tiempo fijo, ya que depende la investigación precedente de la prescripción del caso. “Mientras el caso no esté prescripcionado, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar”, explicó.
Encabezó la reunión el senador Dionisio Amarilla.
Agregó que el caso de IPS tiene ya una mesa de trabajo con agentes fiscales asignados que se encargan del estudio, primeramente, de correspondencia de los datos que brinda la CGR. “La Contraloría no emite evidencias, emite informaciones que deben ser procesadas, ese procesamiento se hace a través del Ministerio Público”, acotó.
Sostuvo además que el Ministerio Público está limitado a emitir información sobre el trabajo que realiza porque son de orden constitucional. “Hacemos una actividad responsable y en la medida que haya una respuesta de correspondencia asignamos equipos de trabajo y luego esos equipos de trabajo dan el resultado para iniciar la investigación”, remarcó.
La actividad se realizó en el salón Acosta Ñu (5to piso), del Senado.
