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Comisión analiza impacto de la denominada "mafia de pagarés"  

La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Mario Varela, llevó a cabo su sesión ordinaria este martes, en modalidad mixta. El encuentro contó con la participación de agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, y representante de la Defensoría Pública quienes expusieron avances en la investigación de la denominada “mafia de los pagarés”. 

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El senador Mario Varela, en compañía de sus colegas José Ledesma y Lizarella Valiente. 

El único punto del orden del día fue el análisis de esta problemática que, según destacó el senador Varela, representa una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la seguridad jurídica de la ciudadanía. 

“El caso de la mafia de los pagarés no solo afecta a quienes han sido víctimas directas, sino a todos los ciudadanos que requieren garantías en sus procesos judiciales. Es un tema de alto interés público”, manifestó el legislador. 

Explicó que la situación fue detectada a raíz de una auditoría de la Corte Suprema de Justicia, tras la cual fueron intervenidos cinco Juzgados de Paz de la capital. Como parte del proceso, se realizaron varios allanamientos fiscales. “Hoy nos visitan los fiscales especializados que están al frente de esta causa, para compartir los avances de la investigación”, señaló. 

Aunque la comisión no tiene atribuciones para intervenir en procesos judiciales, el senador Varela remarcó la importancia de contar con esta información como insumo para impulsar acciones coordinadas con otras instituciones, como la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. 

“Estamos ante violaciones del debido proceso, lo cual constituye una transgresión a los derechos humanos. Por eso, planteamos la conformación de una mesa técnica para brindar asistencia a las víctimas”, adelantó. 

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El encuentro contó con la participación de agentes del Ministerio Público y de la Defensoría Pública. 

El parlamentario también hizo referencia a casos concretos que han llegado a conocimiento de la comisión, en los que personas fueron demandadas pese a haber saldado sus deudas, y en algunos casos tuvieron que pagar dos o tres veces. “Es una situación increíble y lamentable. Se han registrado notificaciones masivas en un mismo día y horario, lo cual es material y físicamente imposible. Esto también afecta a personas del interior del país, de regiones como el Chaco, Ciudad del Este, Caaguazú, San Pedro, Concepción y otras”, detalló. 

Asimismo, mencionó que se evalúa la posibilidad de impulsar una iniciativa parlamentaria para modificar normas procedimentales que permitan, por ejemplo, la suspensión de embargos mientras se revisan los casos. “Este tipo de prácticas debe ser erradicado del sistema judicial y de las instituciones públicas. Además de ser un atentado a los derechos humanos, pone en riesgo la credibilidad de nuestro país en materia de seguridad jurídica e inversiones”, advirtió. 

Finalmente, el senador informó que ya se están llevando a cabo encuentros con víctimas, tanto en la capital como en el interior del país, con el objetivo de recabar testimonios y coordinar respuestas institucionales. 

Acompañaron al presidente de la comisión de manera presencial el senador José Ledesma y la senadora Lizarella Valiente mientras que el senador Rafael Filizzola lo hizo de modo virtual. Como invitados participaron de la reunión la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal, jefa de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con los agentes fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Juan Leonardi Guerrero. También estuvo presente el abogado Edgar Ríos, en representación de la Defensoría Pública. 

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Vista general de la reunión de la Comisión de DD.HH.

Asuntos entrados 

Durante la sesión también fueron ingresados y derivados a estudio los siguientes documentos: 

1 - Proyecto de declaración “Que insta al Instituto Nacional de Estadística (INE) a incluir preguntas relacionadas a la población con discapacidad en el próximo Censo Nacional de Población y Viviendas”. 

2 - Nota remitida por la Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños, solicitando audiencia con la Comisión. 

3 -Informe remitido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), en respuesta a un pedido de informe anterior. 

 

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