La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola, llevó a cabo una sesión de trabajo que contó con la participación de representantes del Ministerio Público, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan frenar las medidas judiciales que continúan perjudicando a las víctimas.

_{Vista general de la reunión.}

Durante la convocatoria, el senador Rafael Filizzola resaltó que en una primera parte de la sesión se debatieron los proyectos de Ley remitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), vinculados al combate de estas prácticas ilícitas, “decidimos en la siguiente sesión ordinaria pedir el tratamiento de preferencia en quince días para poder tener el nuevo marco legal lo antes posible”, enfatizó el legislador.

Igualmente, el legislador agregó que están previstas nuevas audiencias con la Defensoría del Pueblo, así como con ministros de la Corte Suprema de Justicia, directamente involucrados en la elaboración de los proyectos de Ley en estudio.

Seguidamente, la fiscala adjunta Lourdes Samaniego manifestó que, con el objetivo de articular acciones conjuntas, “llevamos la posibilidad de que se instale una comisión de diferentes sectores, Poder Judicial, Ministerio Público, Legislativo, Defensoría, a los efectos de ahondar esfuerzos y de darle una respuesta a la ciudadanía que ha resultado víctima en gran medida de estos hechos”, manifestó.

_{Fiscala adjunta, Soledad Samaniego.}

Además, indicó que, preliminarmente, se prevé una nueva reunión el próximo lunes entre la Comisión y ministros de la CSJ.

En el mismo sentido, la fiscala Soledad Machuca, Fiscal Titular de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, detalló que las investigaciones iniciaron a partir de una denuncia presentada por la Superintendencia del Poder Judicial, que detectó irregularidades en Juzgados de Paz mediante una auditoría interna. “Estas inconsistencias derivaron en procesos ejecutivos irregulares, donde numerosas personas resultaron víctimas de embargos y descuentos compulsivos por deudas inexistentes o con montos considerablemente inferiores a los reclamados judicialmente”, detalló.

También señaló que las denuncias se han extendido más allá de la capital, alcanzando a juzgados de diversas regiones del país, resaltando que, algunos casos ya cuentan con imputaciones, mientras que, otros se encuentran en etapa investigativa.

_{Fiscala Soledad Machuca.}

“Aclaramos que nosotros somos del área penal, entonces investigamos delitos. Pero aquí hay también un trasfondo que es el propio juicio ejecutivo donde las víctimas se ven afectadas por estos descuentos y que tienen que manejarse dentro del proceso civil, el cual tiene sus propias reglas diferentes del área penal”, mencionó la fiscala. 

En relación con los posibles responsables, la fiscala Machuca confirmó que además de funcionarios del sistema judicial y abogados, también están siendo investigadas las empresas involucradas en la ejecución de las deudas fraudulentas y expresó que las investigaciones están siendo llevadas adelante por unidades ordinarias del Ministerio Público, “todos los que integran el esquema están bajo proceso”, aclaró.