La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que preside el senador Javier Zacarías Irún, realizó su sesión ordinaria este martes, para el análisis de propuestas legislativas. Del encuentro participaron representantes del Poder Judicial; Defensoría Pública y Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

_{El senador Javier Zacaráis Irún, presidente de la Comisión dirigiendo la reunión.} 

También concurrió la senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, junto a otros miembros de esta instancia legislativa, quienes participaron de manera virtual.

El tema abordado principalmente giró en torno al proyecto de Ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta normativa establece actualmente un máximo de 8 años de medida privativa de libertad para adolescentes infractores. Dos propuestas fueron debatidas: una del senador Javier Zacarías Irún, que plantea elevar el máximo a 15 años, y otra del senador José Oviedo, que sugiere llevarlo hasta 20 años. 

POSTURAS INSTITUCIONALES

Durante el debate, la jueza Pili Rodríguez, en representación de la Corte Suprema de Justicia, expuso los dictámenes de la Oficina Técnica de Apoyo a la Niñez y de la Oficina Técnica Penal. Ambas instancias coinciden en que el aumento de la pena transgrede el carácter especial del fuero adolescente y vulnera principios constitucionales e internacionales. El informe técnico insta a un abordaje desde la prevención, y subraya que el sistema busca la reintegración social del adolescente, teniendo en cuenta su desarrollo psicosocial y su capacidad limitada de comprensión. 

_{Vista general de los invitados.} 

El documento también resalta la importancia de la justicia restaurativa y de considerar la madurez psicosocial de cada caso. Se menciona el respaldo de disciplinas como la neurociencia y la psicología del desarrollo. Asimismo, se recomienda agregar una cláusula que refuerce este análisis individual, y respetar principios internacionales como las Reglas de Beijing, que establecen que la privación de libertad debe ser el último recurso. 

Desde la Defensoría Pública, el Dr. Raúl Bogarín recordó que el sistema penal adolescente nació tras la sanción internacional por el caso Panchito López, lo cual obliga a abandonar la lógica punitiva y adoptar una perspectiva de protección integral. Reiteró que el adolescente debe ser tratado como sujeto de derechos, dentro de un enfoque interdisciplinario que articule lo penal, psicológico y social. En línea con las opiniones consultivas 17 y 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó no aumentar las penas y preservar el fuero especializado. 

A su turno, el viceministro de Niñez y Adolescencia, Dr. Eduardo Escobar, mencionó los casos recientes de María Fernanda y Alfredo (delivery), como disparadores de este debate social. Indicó que el Poder Ejecutivo discute actualmente reformas educativas y de valores, y aclaró que las modificaciones propuestas no deben ser vistas como penas, sino como medidas socioeducativas dentro de un régimen diferenciado al de adultos. Asimismo, mencionó un trabajo conjunto con las comisiones de Familia y de Legislación del Senado, a fin de armonizar el proyecto con tratados y normativas vigentes desde 1990. 

En cuanto a estándares internacionales, se explicó que países como Chile y Costa Rica establecen un máximo de 10 años, mientras que Argentina llega a 20 años y Uruguay a 10 años; en ese contexto, el subsecretario de Estado acotó que la información fue contrastada para evitar afirmaciones imprecisas.

_{Senadores que participaron de la reunión.} 

DEBATE ENTRE LEGISLADORES

El senador Rafael Filizzola solicitó datos concretos: cuántos menores están actualmente privados de libertad, cuántos fueron condenados por homicidio y cuántos están procesados. La respuesta fue que 174 adolescentes están condenados, la mayoría por delitos leves. 

A su turno, el legislador Eduardo Nakayama se mostró a favor de aprobar el proyecto con una modificación que eleve a 10 años la medida máxima. 

Por su parte, el proyectista Javier Zacarías Irún expresó “no digo que aumentar la pena sea la solución definitiva. Hay un conjunto de cosas: la familia, el Estado, la sociedad. Pero creo que la sociedad también merece justicia. Propongo un marco mayor para dar flexibilidad al juez, a la fiscalía y a los representantes sociales”. Además, el legislador valoró la importancia del análisis psicológico y psiquiátrico y comparó el contexto regional de penas. 

A su turno, la senadora Lizarella Valiente solicitó informes al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia sobre la efectividad del sistema penal adolescente en los últimos cinco años. También propuso medidas de seguridad adicionales, acumulación de penas menores, y una nueva mesa técnica para unificar criterios. Igualmente, solicitó conocer cuántos profesionales de salud mental están disponibles en los centros. 

El senador Ramón Retamozo, por otro lado, apoyó el proyecto con el siguiente agregado: “en casos calificados como crimen, se pueda aplicar una medida de seguridad de hasta cinco años en un centro especializado”.

Finalmente, tras un extenso debate y un análisis exhaustivo de las dos propuestas legislativas, la Comisión dictaminó por la aprobación con modificaciones.  

_{Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia.} 

OTROS PUNTOS TRATADOS

La reunión prosiguió con el tratamiento del mensaje de la Cámara de Diputados, que remitió la Resolución N° 3.065, por la cual se acepta la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley N° 7453 “Que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social”, presentado por varios diputados. Al respecto, la Comisión recomendó aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo.

Luego, se estudió y recomendó en mayoría la aprobación del proyecto de Ley “Que establece el 10 de junio de cada año, como Día Nacional del Soldado Paraguayo de Paz”, presentados por los diputados Pedro Ortiz y Diego Candia.

Por último, se trató la Nota Nº 856 del Ministerio de Defensa Nacional, sobre el viaje de 8 oficiales paraguayos al Centro de Entrenamiento de EMBRAER, Brasil, para capacitarse en el manejo de aeronaves súper tucano. La comunicación pasó al archivo ya que no necesita la aprobación del Congreso.