En la sala de sesiones del Congreso Nacional se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la senadora Yolanda Paredes, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, para debatir sobre “El Derecho Humano a la Tierra: problemas y soluciones”. El encuentro contó con una amplia participación de líderes campesinos de diversas zonas del país, quienes expresaron sus posturas en torno a la problemática.
La senadora Yolanda Paredes acompañada de su colega José Ledesma.
Durante la apertura, se destacó que este espacio busca fomentar la participación ciudadana en un debate transparente y público, con el fin de incorporar opiniones, propuestas e información relevante al proceso legislativo.
En su intervención inicial, la senadora Yolanda Paredes abordó la cuestión de la tierra desde distintos enfoques, afirmando que es un factor clave para el desarrollo nacional. Sostuvo que “cada paraguayo merece un pedazo de tierra para alimentar y sostener a su familia” y subrayó la importancia de garantizar tanto la propiedad privada —con sus derechos y obligaciones— como la protección de las tierras públicas. Además, alertó sobre la deforestación indiscriminada, que alcanza unas 273.000 hectáreas por año, señalando la necesidad de asumir una responsabilidad social urgente.
A lo largo de la audiencia se discutieron también temas como los desalojos violentos, la existencia de doble y triple titulación, y la adquisición irregular de tierras por parte de extranjeros.
Vista general de los asistentes a la audiencia.
El senador José Ledesma, por su parte, señaló que la situación de la tierra en el país es una realidad compleja, derivada de la falta de regularización de asentamientos y de la excesiva burocracia en los trámites de validación de títulos. Mencionó que los conflictos afectan a comunidades de departamentos como San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Concepción e Itapúa, incluyendo casos vinculados al narcotráfico.
La senadora Esperanza Martínez, a su turno, se refirió a los pueblos indígenas, remarcando que “ellos tienen una tierra histórica y debemos partir de la premisa de que los indígenas no son invasores”.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Durante el desarrollo del encuentro, los oradores presentaron diversos casos emblemáticos que reflejan la problemática del acceso y posesión de la tierra. Entre ellos, se mencionó la situación de la colonia Kyra’y, en San Pedro, donde desde 2021 se denuncian desalojos irregulares que afectan a familias campesinas.
También se expuso el caso del territorio ancestral del pueblo Mbya guaraní, en Caaguazú, que enfrenta desalojos forzosos. En ambos casos se exigió la aplicación efectiva de las leyes para garantizar el derecho a la tierra. Igualmente, se planteó el caso “Edilson Mercado”, subrayando la urgencia de una coordinación institucional para resolver el conflicto.
La audiencia contó también con la presencia de la senadora Esperanza Martínez.
Desde la Corte Suprema de Justicia se señaló que uno de los principales problemas radica en la falta de determinación del régimen de tierras del Estado, por lo que se propuso la realización de un levantamiento catastral nacional y la creación de una mesa interinstitucional permanente.
La representante del Ministerio Público, fiscal Nancy Salomón Marín, afirmó que la institución tiene el deber de velar por los derechos ciudadanos y que, en el marco de los casos denunciados, ya se han solicitado informes para avanzar en las investigaciones correspondientes.
A su vez, representantes del INDERT —el abogado Gustavo Alfonso, director de Asesoría Jurídica, y la Dra. Elga Escobar, directora de Anticorrupción y Transparencia— indicaron que se están realizando esfuerzos para corregir las irregularidades en los expedientes. Enfatizaron que “es necesario limpiar y transformar el sistema en algo creíble para todos los ciudadanos”.
La actividad se desarrolló en la sala de sesiones del Congreso.
Por su parte, Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), pidió al Estado una revisión urgente de las situaciones de desalojos forzosos y la adopción de una política pública de tierra y vivienda con enfoque de derechos humanos.
La audiencia contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección del Registro Público, la CODEHUPY, líderes campesinos de distintas regiones del país. También participaron los senadores Ignacio Iramain y Celeste Amarilla.
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