Bajo la presidencia del senador Dionisio Amarilla, se realizó la segunda reunión ordinaria de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio, para el control de los abusos contra los derechos de los consumidores.
En la mesa principal los senadores Dionisio Amarilla y Lilian Samaniego.
El encuentro, desarrollado en la sala de sesiones de la Cámara Alta en la modalidad mixta (presencial/virtual), contó con la participación de la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), Sara Delia Irún Sosa, y el titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), Jorge Iliou
Durante la reunión, el senador Dionisio Amarilla inició el diálogo consultando a la ministra Irún sobre el registro de denuncias recibidas y la cantidad de casos resueltos por la institución. La titular de SEDECO respondió que las actuaciones se realizan de manera rápida y eficaz, priorizando la protección del interés general de los consumidores y evitando que se repitan prácticas irregulares.
Con relación al caso de conocimiento público, la titular de SEDECO, señaló que las intervenciones recientes responden a una problemática sistemática detectada en varias sucursales y productos de la empresa Biggie, y que la medida adoptada no implicó el cierre de locales, sino la suspensión de determinados productos.
Autoridades invitadas.
Asimismo, la titular de SEDECO, remarcó que la decisión de cerrar locales no fue ordenada por ninguna institución, sino de la empresa y que la medida provisoria busca que la firma corrija sus prácticas en el menor tiempo posible. Explicó que, para levantar la restricción, la empresa debe solicitar una preinspección, trámite que ya fue iniciado ante DINAVISA este miércoles en horas de la tarde.
A su turno, la vicepresidenta de la comisión, senadora Lilian Samaniego, expresó su preocupación al enterarse del cierre de la cadena, cuestionando si se verificó la situación antes de la medida. La ministra reiteró que el resto de los productos y locales pueden seguir operando y que los puestos laborales no fueron afectados por la decisión institucional.
En declaraciones posteriores, la ministra de la SEDECO aclaró que, “no fue un cierre de locales, fue una suspensión temporal de la comercialización de productos regulados por la DINAVISA; es decir, ellos pueden seguir abiertos y vendiendo el resto de los productos no regulados”. Añadió que, si algunas sucursales cerraron, fue una decisión empresarial, no gubernamental. Reconoció que inicialmente comunicó erróneamente el alcance de la medida por una mala interpretación de la resolución emitida por DINAVISA, situación que luego fue aclarada.
Subrayó que las actuaciones de SEDECO se realizan con fundamentos legales, transparencia y en el marco de sus atribuciones, y recordó que su institución carece de competencia en la fijación de precios en un mercado de libre competencia, limitándose a verificar que los mismos estén correctamente exhibidos.
Igualmente, la titular de SEDECO reiteró su compromiso de actuar con base en fundamentos legales y en resguardo de los derechos de todos los consumidores, insistiendo en que las medidas adoptadas buscan prevenir daños a la salud y garantizar productos de calidad en el mercado.
DINAVISA
Por su parte, el director de DINAVISA, Jorge Iliou Silvero, explicó que la institución es un ente autónomo y autárquico responsable de la regulación, control y fiscalización de medicamentos, dispositivos médicos, alimentos y otros productos para la salud. Mencionó que desde la asunción de competencias en materia de alimentos, en noviembre del año pasado, se han intervenido y clausurado fábricas y comercios con prácticas irregulares, siempre con el objetivo de proteger la salud de la población.
El titular de DINAVISA también destacó que las medidas pueden consistir en el retiro temporal de productos, advertencias o clausuras, dependiendo de la gravedad de la infracción. En el caso Biggie, aclaró que se actuó conforme a las normativas vigentes y que las denuncias ciudadanas suelen llegar primero a SEDECO, pero que la coordinación entre ambas instituciones es fundamental para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos.
También intervinieron los senadores Juan Carlos Galaverna (h), José Oviedo y Lizarella Valiente quienes también realizaron sus consultas y opiniones respecto al caso.
Al finalizar la reunión, el senador Dionisio Amarilla valoró la presencia de las autoridades y recordó que la comisión fue inicialmente creada para investigar abusos de empresas de telefonía e internet, pero que por Resolución del Senado se amplió su alcance a otros sectores. Consideró que la información presentada fue relevante para el trabajo de la comisión y para la ciudadanía.
