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Legisladores analizan informes sobre titulación de tierras de comunidades indígenas

La Comisión de Pueblos Indígenas presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez se reunió de manera virtual para desarrollar los puntos del orden del día. 

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El primer punto fue el informe presentado con relación a la titulación de las tierras ancestrales de la Comunidad Indígena de Takuapu Miri. Al respecto, el viceministro de Desarrollo Social, Cayo Cáceres, manifestó que la titulación de dicho predio se encuentra con una demora de más de 7 años, por carecer del dictamen del Ministerio de Hacienda para su posterior decreto presidencial. 

El funcionario agregó que él mismo se hizo cargo del caso a los efectos de darle la mayor celeridad posible a dicha causa, debido a que anteriormente la comunidad de Takuapu Miri contaba con 14 hectáreas y a la fecha sólo quedan 4 hectáreas a ser tituladas.

En ese mismo sentido, la abogada Amanda Velázquez puso a conocimiento de la comisión, que la solicitud de desafectación a favor del INDI, data del año 2017 y que se ha realizado el correspondiente pedido de condición de dominio del referido inmueble. 

Actualmente se encuentra pendiente el dictamen del Ministerio de Desarrollo Social, el cual tendría un plazo de tiempo de 30 días aproximadamente, cuyo expediente N° 92359/2020 Ministerio de Hacienda – Comunidad – Takuapu Miri de Villeta, padrón 2526 se encuentra a nombre del Ministerio de Desarrollo Social desde noviembre del año 2020.

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En relación a la nota presentada por Francisco Palacio y Alberto Brítez Larrea, representantes de la comunidad indígena “Cerrito”, se puso a conocimiento de la comisión, el desalojo ocurrido en fecha jueves 13 de mayo, hecho realizado con la intervención del fiscal Alcides Giménez, en cumplimiento de una orden emanada del juez de Minga Porá, dicho representante del Ministerio Público supuestamente actuó de una manera violenta y agresiva, incluso lanzando gases lacrimógenos a las personas pertenecientes de la comunidad, entre ellos, niños y ancianos, quienes sólo pudieron observar cómo se destruían sus pertenencias.

Abordados los puntos, se resolvió solicitar los informes correspondientes a los entes intervinientes y darle el correspondiente seguimiento.

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