En su evaluación sobre la propuesta del Ejecutivo en cuanto a la revisión del Anexo C de Itaipú, la Comisión Especial sobre Hidroeléctricas Binacionales del Parlasur consideró preocupante que el mismo gobierno paraguayo pretende avenirse, de buenas a primeras, a la pretensión del Brasil en cuanto al precio de la energía a partir del 2023.

La Comisión Especial sobre Hidroeléctricas del Parlasur realizó este jueves, de manera virtual, su reunión ordinaria, en la cual evaluó el análisis y los escenarios que realiza el Ejecutivo en cuanto la revisión del Anexo C de Itaipú, referido al costo de la energía para los países contratantes. Las cuestiones que fueron resaltadas fueron la intención de bajar la tarifa al Brasil, inclusive ya a partir del año 2002, así como la falta de trabajos de infraestructura para poner al país en condiciones de trasmitir el 50% de la energía que le corresponde de toda la hidroeléctrica binacional.

Estuvieron presentes Ricardo Canese (presidente, FG), Edith Benítez (ANR), Blanca Lila Mignarro, Enzo Cardozo y Neri Olmedo (PLRA). La exposición estuvo a cargo del parlamentario Canese, quien realizó una extensa evaluación del documento en cuestión y luego hicieron comentarios y preguntas los demás integrantes.

ENTREGA DE LA PRIMERA TRINCHERA

Entre otros aspectos relevantes, Canese resaltó la pretensión del Ejecutivo, liderado por Mario Abdo Benítez, de vender a mucho menor costo la energía que le corresponde al Paraguay (y no utiliza) al Brasil.  “Lo que está en cuestión es la tarifa de exportación al Brasil y se quiere bajar ya para el 2022 (debido a la reducción de la deuda de la binacional), a partir de una decisión del Consejo de Administración”, indicó, al tiempo de afirmar que eso sería como “entregar la primera trinchera” y lo consideró extremadamente grave. 

Sobre el tiempo en que el Consejo de Administración, integrado por seis paraguayos y seis brasileños, tratará el tema, indicó que sería en septiembre u octubre de este año. “Lo único que tiene que hacer Abdo es ordenar a los consejeros paraguayos que no se baje el precio, porque tarifa y costo son dos conceptos totalmente distintos”, agregó.

Consideró inaceptable que el gobierno paraguayo asegure que, a partir del 2023, la tarifa debe bajar, de manera inexorable, el 60 por ciento de su costo actual, incluida la no utilizada por Paraguay y que le vende al país vecino. Añadió que hay pelear, ya sea por aumentar a precio de mercado o venderla al mismo precio, mientras que los respectivos países sí, efectivamente, pueden bajar sus costos pero de la energía que le corresponde a cada uno.

INFRAESTRUCTURA

Por su parte, la parlamentaria Edith Benítez aseguró que es de suma relevancia empezar las obras que deben hacerse para que Paraguay puede transportar el ciento por ciento de la energía que le corresponde al territorio nacional, atendiendo a que ello fortalecerá al país en la negociación e instó a que los medios de prensa insistan sobre este tema.

También requirió una nota por lo cual se pida explicaciones de por qué los retrasos del Ejecutivo, al referirse a las dos líneas de 500 kV que falta desde la estación de Iguazú y otra línea de Ayolas a Valenzuela, así como lo relacionado a la sincronización del sistema eléctrico nacional.

La parlamentaria Blanca Lila Mignarro también hizo alusión a cuestiones relativas a la negociación con el Brasil y pidió que se enviara, por escrito, los planteamientos del Parlasur a la Comisión Nacional de Seguimiento de la negociación con el Brasil, mientras Enzo Cardozo recordó el Decálogo de la Justicia, producido por el Parlasur, en el que se enumeran taxativamente las cuestiones que se deben hacer para el Paraguay saque provecho de la tratativas.

Estas y otras consideraciones fueron realizadas del documento (que es un resumen de cerca de quince páginas), cuya primera parte había sido entregada al Congreso por el Ejecutivo el 25 de mayo de este año.