En sesión extraordinaria de la Cámara Alta, presidida en la ocasión por el vicepresidente primero, senador Ramón Retamozo, fue aprobado con modificaciones el proyecto de Ley “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República”.
Senador Ramón Retamozo, Vicepresidente Primero ejerciendo la presidencia.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, informó que el ente asesor recibió la visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón, quienes evacuaron las consultas formuladas por los legisladores y técnicos respecto al contenido del proyecto remitido por dicha institución.
Explicó que el proyecto modifica varios artículos del Código Procesal Civil e incorpora nuevas disposiciones, con el objetivo de regular el tratamiento, depósito, devolución y custodia de los títulos de crédito durante la sustanciación de los procesos, en particular, en los juicios ejecutivos.
Señaló que la intención principal es establecer un marco regulatorio que evite el uso indebido de los títulos de crédito mediante su circulación inapropiada, una vez iniciada la demanda para reclamar el pago. Precisó que, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva, la devolución de los títulos se realizará a quien corresponda, conforme al resultado del proceso y en concordancia con las normas sustantivas aplicables.
Vista general de la sesión extraordinaria.
Desde la Comisión se recomendó la aprobación del proyecto con modificaciones e incorporación de nuevas disposiciones, atendiendo a que se trata de un grave problema social, según manifestó el senador Maidana.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación de la trama denominada “Mafia de los Pagarés”, destacó que el proyecto fue presentado por la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa, y constituye una de las respuestas institucionales frente a la estructura criminal.
El legislador explicó que esta trama delictiva opera haciendo firmar a los deudores, de manera simultánea, un pagaré y una autorización de débito sobre sus salarios. De este modo, no sólo se demanda judicialmente el cobro, sino que también se realizan descuentos dobles de la misma deuda. En muchos casos, el pagaré original nunca aparece, y, aun después de haberse ejecutado, continúa circulando. “En algunos de los 4.000 casos recibidos por la Comisión, se detectaron situaciones en las que un mismo pagaré fue ejecutado en distintos juzgados, o incluso, cobrado y vuelto a ejecutar en el mismo tribunal”, detalló.
Señaló que los sectores más afectados por esta problemática son los funcionarios de los ministerios de Salud, de Defensa Nacional y de Educación.
Asimismo, mencionó que, entre las medidas a ser implementadas por la CSJ, se prevé la incorporación de los expedientes electrónicos en los Juzgados de Paz, con el fin de garantizar la trazabilidad de los documentos y evitar que un mismo pagaré sea ejecutado en múltiples oportunidades y en distintas localidades.
Legisladores emitiendo su voto en referencia a un proyecto de Ley.
En el debate, varios senadores se manifestaron a favor de la aprobación de esta normativa, a la que calificaron que será “paliativa” frente a la grave situación que atraviesan numerosos trabajadores, quienes, en algunos casos, han sufrido descuentos de hasta tres veces sobre la misma deuda.
ARTÍCULOS MODIFICADOS
Según expresa el documento este proyecto de Ley busca modificar el Código Procesal Civil para regular mejor el manejo de títulos de crédito y documentos originales en juicios.
Es importante mencionar los cambios clave en los artículos existentes son: Los artículos 158 y 159, al finalizar un proceso, se deberá especificar a quién se devuelven los documentos originales y, en el caso del artículo 159, también se exigirá un pronunciamiento sobre las costas. Esto serviría para evitar que se registren los descuentos triplicados en distintos lugares a un mismo deudor por una misma deuda.
Así también, el artículo 443 (inc a), los documentos sin ejecución inmediata deben ser reconocidos y depositados hasta el fin del juicio si son como los del artículo 448 (inc. f).
Legisladores presentes en la sesión extraordianaria.
El artículo 448 (inc. f), define títulos de crédito ejecutables (letras de cambio, pagarés, cheques) que deben ser depositados en el juzgado hasta la conclusión del litigio. También incluye el artículo 501, regula la liquidación y pago, permitiendo que el ejecutante preste fianza si el deudor lo pide.
El proyecto incluye una nueva disposición el artículo 501 bis (nuevo), que los documentos depositados se devolverán a quien pagó la deuda o cuando el juicio termine, siempre que haya una resolución expresa.
La propuesta legislativa también incluye normas generales adicionales en los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Finalmente, tras el debate el proyecto fue aprobado con modificaciones por unanimidad y será remitido a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento.
CREACIÓN DE JUZGADOS
Seguidamente, fue tratado el proyecto de Ley “Que crea juzgados de paz en varios distritos de la circunscripción judicial de la capital sin afectación presupuestaria”, remitido por la Corte Suprema de Justicia.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que el dictamen recomienda la aprobación con modificaciones del proyecto de ley, el cual propone la creación de juzgados en distintos distritos de la capital. Señaló que, actualmente, los Juzgados de Paz de la Capital se encuentran sobrecargados de trabajo, lo que genera demoras significativas en los procesos judiciales y podría afectar derechos fundamentales, pese a que su función principal es facilitar el acceso a la justicia.
Como posible solución a esta problemática, la Corte Suprema de Justicia impulsa este proyecto de ley, que prevé la creación de nuevos juzgados de Paz, sin implicar un costo adicional para el presupuesto general, ya que los recursos serían redistribuidos dentro de la estructura existente. De esta manera, se busca aliviar la carga de trabajo de los juzgados actuales.
MODIFICACIONES INCLUIDAS
En concreto, el proyecto establece la incorporación de dos turnos adicionales en el distrito de San Roque; tres en La Catedral; cuatro en La Encarnación; dos en Ciudad del Este; uno en San Lorenzo; uno en Minga Guazú; uno en Presidente Franco; dos en Luque; uno en Lambaré; uno en Fernando de la Mora; uno en Santaní; uno en Capiatá y uno en Santa Rosa Misiones.
Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se refirió a la modificación introducida en el artículo segundo, señalando que, tras conversaciones mantenidas con la CSJ, el texto quedó redactado de la siguiente manera: “La creación de juzgados en cada departamento de la República, los cuales serán habilitados por la Corte Suprema de Justicia conforme a las necesidades existentes”.
“El cambio radica en que, en lugar de referirse únicamente a más capitales, se amplía el alcance a cada departamento o circunscripción judicial”, acotó el senador.
El proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad, con las modificaciones introducidas, y será remitido a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En otro momento, el Pleno consideró el Mensaje N° 2.401 de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución Nº 3.012: Que acepta la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley N° 7371 “Que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, modifica varios artículos de la Ley N° 1183/1985 ‘Código Civil’ y modifica los artículos 262 y 357 de la Ley N° 879/1981 'Código de Organización Judicial’ y sanciona la parte no objetada”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, senador Derlis Maidana, explicó que el presente proyecto de Ley, fue sancionado oportunamente, previó a ajustar la normativa legal a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en Nueva York, el 13 de diciembre del 2006 y ratificada por Ley 3540/2008 y en tal sentido adopta las propuestas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad, acceso a lo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
“La Comisión en su momento realizó un trabajo coordinado con las demás Comisiones, en la cual se llegó a un consenso sobre el texto y adaptado a la realidad de nuestro Código Civil y del Código de Organización Judicial; sin embargo, se introdujeron algunas modificaciones en el texto que posteriormente fueron objetadas por el Poder Ejecutivo, sin modificar en su esencia el texto que habíamos recomendado con criterio modificar”, explicó el legislador.
Detalló que en tal sentido la objeción formulada por el Poder Ejecutivo no ha perdido su esencia, más bien fue mejorado sustancialmente suprimiendo algunos párrafos puntuales para la precisión del alcance y determinar que no existan ambigüedades.
Por su parte, el legislador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que el proyecto plantea un cambio de paradigma para el sistema civil paraguayo dado a que se emigra en el cual la única tutela brindada a personas con discapacidad consistía en la restricción de la capacidad de hecho a otro que pregona la excepcionalidad de dicha restricción de capacidad y que pretende instalar un sistema general de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su autonomía, derechos en consonancias con los acuerdos internacionales.
A su vez, el senador Edgar López, titular de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, remarcó acerca que el Paraguay se encuentra en un paso histórico, a un paso de contar con una Ley que reconozca de manera plena la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en línea con el artículo dos de la convención de los derechos de las personas con discapacidad.
En tal sentido, tras la votación, la Cámara de Senadores aceptó la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo y sancionó la parte no objetada. El documento se remitirá al Poder Ejecutivo.
MENSAJE DE LA CÁMARA BAJA
También fue analizado el Mensaje Nº 2.359 de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve con modificaciones el proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Luque, a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes, una fracción de terreno que fuera destinada para plaza y edificio público, individualizado como finca N° 1820, cuenta corriente catastral N° 27-6473-03, ubicada en la 8ª compañía Tarumandy del citado municipio, asentamiento denominado ‘Territorio Social Sión”, presentado por el senador José Ledesma.
Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, senador José Ledesma, dijo que el dictamen de la comisión aconseja la ratificación de la versión de la Cámara de Senadores.
El Pleno de la Cámara Alta aprobó la ratificación del mencionado proyecto y el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados.
PEDIDOS DE INFORME
Durante la sesión del Senado se aprobaron varios proyectos de Resolución que solicitan informes a distintas instituciones públicas. Entre ellos, se incluye un pedido dirigido al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a fin de obtener detalles sobre aportes, subsidios eventuales y eventuales sanciones o multas aplicadas por el uso indebido de fondos. Esta iniciativa fue impulsada por la senadora Norma Aquino.
También se aprobó una solicitud de informe al consejo distrital de salud de la ciudad de Luque, presentada por el senador Enrique Salyn Buzarquis; así como un pedido de informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), impulsado por el senador José Ledesma.
El senador Líder Amarilla mediante un proyecto de Resolución requiere informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mientras que el senador Ever Villalba propuso un pedido específico sobre la situación de las cargas horarias de los residentes, dirigido al mismo ministerio, al Instituto Nacional de Salud y a la Coordinación Nacional de Residencias Médicas (CONAREM).
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente solicitó informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
Lo resuelto en este punto se comunicará a quienes corresponda.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN
En otro momento, el Pleno aprobó varios proyectos de Declaración, los mismos son:
-“Por el cual la Honorable Cámara de Senadores declara alimento Nacional del Paraguay y de interés cultural, a la carne pisada (SO’O JOSOPY) y al proceso de elaboración con el mortero (ANGU’A), carne pisada al mortero”, presentado por los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Ever Villalba, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Lizarella Valiente, Mario Varela, Ignacio Iramain, José Oviedo, Celeste Amarilla y Zenaida Delgado.
-“Que declara de interés ecoturístico nacional al Parque Guasú Metropolitano”, presentado por los senadores Norma Aquino, Zenaida Delgado, Lizarella Valiente, Colym Soroka, Juan Carlos Galaverna Ortega y Natalicio Chase.
-“Que declara de interés cultural el rescate y la protección de los documentos históricos, administrativos, fundacionales y religiosos del departamento del Alto Paraguay”, presentado por el senador Ever Villalba.
-“Que declara de interés nacional la elevación del Paraguay a la categoría de socio estratégico del Japón, en el marco de la reunión bilateral entre el Presidente de la República, Santiago Peña, y el Primer Ministro del Japón, Ishiba Shigeru”, presentado por la senadora Norma Aquino.
-“Por el cual se declara de interés turístico nacional la vigésima edición de la feria internacional de turismo del Paraguay – FITPAR 2025”, presentado por la senadora Norma Aquino.
No habiendo otros puntos que tratar, el senador Ramón Retamozo, vicepresidente primero en ejercicio de la Presidencia, levantó la sesión extraordinaria, siendo las 13: 47 Hs.
