La Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por el senador Enrique Riera, realizó este viernes la audiencia pública virtual sobre “Situación COVID – 19, sector discapacidad psicosocial e intelectual”.

Al iniciar el evento, el senador Riera indicó que esta es la tercera audiencia donde se debate la problemática  de las personas con discapacidad. La primera fue dirigida para el sector de discapacidad auditiva y visual; mientras, la segunda para las de discapacidad física y talla baja.

A la vez, recordó que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley, aprobado en el Senado, “Que crea las Secretarías de discapacidad en las gobernaciones y en los municipios”.

Asimismo, destacó que la Cámara Alta aprobó este jueves último el Proyecto de Ley “Que promueve campañas masivas permanentes de difusión y sensibilización sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y todo aquello relacionado con la inclusión de las mismas”, presentado por varios diputados nacionales.

MASIVA PARTICIPACIÓN

En la oportunidad, se escucharon las consideraciones  de Luis Taboada, de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, quien significó que si bien la atención a la salud de las personas con discapacidad ya venía con situaciones emergentes, con la pandemia se acentuaron otras. Celebró la creación de las Secretarías de Discapacidad en gobernaciones y municipalidades, que permitirán la descentralización y así lograr la inclusión plena.

Posteriormente, Claudia Pacheco, como especialista, habló de la salud mental  y psicosocial. Dijo que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, sino una condición genética o adquirida. Explicó que son ciudadanos que tienen limitaciones de diferentes gravedades o desafíos mayores debido a las restricciones que presentan y si se les posibilita de apoyos pueden llevar una vida regular.

En cuanto que las personas con discapacidad psicosocial dijo son sobrevivientes de algún evento especial, como podrían ser los que presenten trastornos psiquiáticos al pasar  esta pandemia. Requieren otro tipo de atención, y recordó el tema de que se están poniendo a  personas con discapacidad intelectual o psicosocial en centros de reclusión, en cárceles siendo que son personas que deberían estar recibiendo otro tipo de atención.   

A su turno, Julio González, presidente de la Asociación de Funcionarios Públicos en situación de Discapacidad (Asonadis), manifestó que a las personas con discapacidad que están en la función pública no se les da una función determinada y muchas son tenidas como ordenanzas aunque puedan realizar otro tipo de actividad dentro de las oficinas. Pidió se dignifique el trabajo asignado a las personas con discapacidad.

Además, puntualizó el tema de que en el interior del país, muchos discapacitados no cuentan con documentos de identidad o están privados de su libertad en sus propias casas, viviendo atados o encerrados en sus viviendas.

Tatiana Coniva Monti, de la Fundación Esperanza para el Autismo, solicitó adecuaciones en la educación con centros y maestros de apoyo para ayudar a romper las barreras que puedan tener. Se refirió al altísimo costo de las cuotas en las instituciones privadas que se dedican a la formación académica de estas personas.

OTRAS INQUIETUDES

Posteriormente, Alicia Martínez, de la Fundación Luz y Vida, indicó que nuestro país no cuenta con una Ley de protección a las personas de salud mental. Pidió que se habiliten más camas en todos los hospitales públicos, y albergues para los familiares de los mismos. A la vez, se refirió a cambiar el enfoque del encierro por el de la libertad para las persona con este tipo de afecciones.

Por su parte, Mateo Pagliari, de la organización Saraki, dijo que la peor barrera que tienen es la de que se sienten ignorados, porque las leyes y los tratados internacionales no se cumplen. En las reuniones no se les da la oportunidad de opinar, fue una de sus consideraciones. A la vez solicitó que las informaciones sean de lectura fácil o tengan la ayuda de un facilitador, en escuelas, hospitales y pidió que los choferes de colectivos les traten con respeto.

A su turno, Juan Carlos Paredes, de la Asociación de Personas con síndrome de Down se refirió a la capacidad jurídica que les otorga la Ley, como el respeto a sus derechos como personas. Dijo  que ellos deben elegir desde la ropa que quieran ponerse cada día hasta con ir a vivir o si optan por estar solos. En cuanto a la salud, pidió que la discapacidad no sea un tema de exclusión, y menos en esta esta pandemia.     

Luego, Elisa Palacios, pobladora de Itapúa, ponderó el tema de la descentralización de salud mental. Reiteró el pedido de contar con un servicio de salud multidisciplinario con psicólogos, psiquiatras, terapeutas y facilitadores.

Rosa Battilana de Asociación Recreativa Educacional para Personas Excepcionales (AREPE)  solicitó para las personas con discapacidad más espacios educativos, de salud, recreación, de arte, cultura y deportes.

Asimismo, Fátima Ortiz al momento de participar en la audiencia en minúscula, dijo que las personas con problemas intelectuales son las personas menos favorecidas en la función pública, especialmente en los concursos públicos. Pidió más actitud y apertura a fin de brindarles un informe claro a la hora de concursar.

Beatriz Sarubbi, quien también participó del encuentro, relató que la población con discapacidad múltiple, en algún momento de sus vidas  pasa  por episodios de esquizofrenia que, generalmente, se presentan al iniciar la adolescencia, pero  que cuando ocurre ese incidente no existe un centro asistencial que los pueda albergar por lo que los familiares se ven obligados a recurrir a amparos judiciales para ser atendidos. Solicitó centros específicos de apoyo de acuerdo a la necesidad de los mismos. 

Posteriormente, Carmen Guerreño, de la Asociación Juntos por Amor, del departamento de Itapúa, habló de la necesidad de contar con más apoyo para el centro de atención a personas con discapacidad psicosocial ubicado en su localidad y donde acuden ciudadanos de otros sitios aledaños.

A su turno, Ángel Román planteó la problemática de la visibilidad de estas personas. Indicó que, muchos piensan que poniendo una rampa para discapacitados ya se soluciona el problema. Habló de contar con una mejor forma de comunicación, sobre todo en el ámbito laboral para asignarles tareas concretas, con o sin acompañamiento.  Requirió certificar la  función del facilitador.

Asimismo, Ever Solis de la  Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual apoyó a sus compañeros con problemas de discapacidad múltiple, sobre todo para aquellos que no pueden acceder a un puesto laboral o no pueden desarrollar sus actividades, a fin de proporcionarles una ayuda económica a los familiares y más que nada para que pueda recibir ayuda técnica que precisen.

Luego, Elcidia Luna Benítez de CAIPD pidió sean atendidos los centros del interior especialmente en lo referente a rubros para profesionales especializados.

Ya concluyendo la jornada, la abogada Laura Bordón, directora del departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública, comentó de un anteproyecto de Salud Mental que ya se hizo llegar al senador Antonio Barrios como presidente de la Comisión de Salud. Dijo que apuntó todas las inquietudes planteadas en esta audiencia, especialmente en lo que se refiere al protocolo de COVID-19 solicitado para los participantes.

Graciela Battilana habló del caso de los menores de edad con discapacidad que son violentados en sus derechos, y que cuando van a hacer las denuncias en la policía y en la fiscalía se les ignora. Solicitó que la Comandancia y la Fiscalía emitan una resolución para que tomen las denuncias y hagan el seguimiento debido a cada caso.

El senador Enrique Riera concluyó el encuentro y se comprometió que,  junto a su equipo estará trabajando en cada tema planteado en el encuentro. Alentó a seguir en la descentralización y recordó que en cada  municipalidad se tiene que crear la Comisión de la Comunidad de personas con discapacidad (Comudi). Además aconsejó al ministro César Martínez, de la SENADIS de ver la posibilidad de crear un número de teléfono de denuncia que funcione las 24 horas para dar una solución rápida a cada inquietud.

Invitó a los participantes a seguir atentos a este tipo de actividad que la Comisión seguirá organizando, con la finalidad de concientizar y tomar medidas orientadas hacia la acción y al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidad en el Paraguay.