La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, analizó dos iniciativas legislativas que plantean la creación de una instancia de investigación sobre el caso Ueno Bank. Además, estudió proyectos relacionados con el procedimiento para la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la creación de juzgados especializados en violencia contra las mujeres, la transferencia de un inmueble y el reconocimiento de la función del mediador judicial.

Senador Javier Zacarías Irún, presidente de la comisión.
Los integrantes de la comisión estudiaron dos propuestas legislativas relacionadas con los acontecimientos vinculados al caso Ueno Bank.
La primera corresponde al proyecto de ley “Que crea la comisión bicameral de investigación sobre la megaestafa de Ueno Bank, el desvío de fondos estatales y la complicidad de los órganos de supervisión”, presentado por los senadores Rafael Filizzola, Ever Villalba, Líder Amarilla, Walter Kobylanski, Sergio Rojas, Alfonso Noria, José Oviedo y Eduardo Nakayama.
La segunda iniciativa es el proyecto de resolución “Que crea la comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles del caso UENO Bank y la deuda flotante con los proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, presentado por los senadores Gustavo Leite, Guadalupe Aveiro, Dionisio Amarilla, Mario Varela, Lizarella Valiente de Rodríguez, Juan Carlos Galaverna Ortega, Natalicio Chase, Lilian Samaniego y Pedro Díaz Verón.
Tras el análisis de ambas propuestas, los integrantes de la comisión resolvieron unificarlas y elevar la iniciativa a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores.
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL JEM
Seguidamente, se estudió el proyecto de ley “Que modifica el artículo 3° de la Ley N.º 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la Ley N.º 3759/2009 y sus modificatorias”, presentado por varios diputados.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mediante mayoría simple de votos.

Alicia Pucheta, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Entre los requisitos previstos para los postulantes se encuentran la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público.
Asimismo, el proyecto establece que las comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras tendrán a su cargo la verificación de la legalidad de los títulos profesionales, como paso previo a la propuesta de designación que será sometida a consideración del Pleno.
Para el tratamiento de la propuesta, la comisión recibió a Alicia Pucheta, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quien expuso su postura respecto a la modificación planteada. En ese sentido, sostuvo que los cambios a una normativa deben abordarse de manera integral y no mediante la modificación aislada de un solo artículo.
Tras el estudio, la comisión emitió dos dictámenes: uno a favor de la aprobación con modificaciones y otro por el rechazo del proyecto.
JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Otro de los puntos abordados fue el proyecto de ley “Que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres”, presentado por varios senadores.
La propuesta plantea la creación de órganos jurisdiccionales especializados, con el objetivo de garantizar una protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia, superar las deficiencias del sistema actual y evitar la intervención de distintos órganos judiciales en un mismo caso, situación que podría generar resoluciones contradictorias e incertidumbre jurídica.

Silvia López, especialista en cuestiones de género, y Mirta Granado, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal y Laboral.
Durante el análisis, participó Silvia López, especialista en cuestiones de género, derechos de las familias y derechos humanos de las mujeres, quien destacó la necesidad de avanzar con la iniciativa, atendiendo a los elevados índices de violencia que se agravan año tras año.
Por su parte, Mirta Granado, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal y Laboral, señaló que la situación exige respuestas inmediatas para atender los casos de violencia que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Concluido el estudio, el proyecto obtuvo dictamen de aprobación con modificaciones.
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE Y MEDIACIÓN JUDICIAL
Posteriormente, fue examinado el proyecto de ley “Que dispone la transferencia a título oneroso, a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, del inmueble de la finca N.º 1141, padrón N.º 1696, lote N.º 178, ubicado en el distrito de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”, presentado por la diputada Cristina Villalba.

Vista general de la reunión.
Al respecto, la comisión se pronunció por el rechazo de la propuesta, al considerar que la transferencia del inmueble debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes, que establecen su realización a título oneroso y no gratuito.
Finalmente, se analizó el proyecto de ley “Que reconoce la función del mediador como apoyo integral y elemental a la gestión jurisdiccional, lo posiciona en la agrupación de los cargos jurisdiccionales nivel C ‘Ejecutivo Superior Jurisdiccional’, establece una nivelación salarial y un régimen jubilatorio similar al del magistrado y actuario judicial”, presentado por varios diputados. La iniciativa obtuvo dictamen de aprobación con modificaciones.
