Durante la sesión ordinaria la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto que introduce cambios en el procedimiento para la integración del JEM. Asimismo, analizó iniciativas sobre condiciones salariales de mediadores, transferencia y expropiación de inmuebles, pensiones graciables y declaraciones de interés, además de aprobar numerosos pedidos de informes a instituciones públicas.
Presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez.
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”, presentado por varios diputados.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mediante mayoría simple de votos.
En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público. Asimismo, establece que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá verificar la legalidad de los títulos profesionales antes de que la propuesta de designación sea puesta a consideración del Pleno.
Al respecto, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que durante el estudio de la iniciativa la comisión recibió a la presidenta del JEM, doctora Alicia Pucheta, quien planteó la necesidad de impulsar una reforma más amplia e integral de la normativa, al considerar insuficiente una modificación limitada únicamente al artículo 3º.
En ese sentido, la comisión emitió dictamen en mayoría por el rechazo y en minoría por la aprobación del proyecto. No obstante, durante el tratamiento en el Pleno, el senador Mario Varela propuso modificaciones que fueron aceptadas por la Cámara Alta. En consecuencia, la iniciativa fue aprobada con modificaciones y será remitida nuevamente a la Cámara de Diputados.
NIVELACIÓN SALARIAL PARA MEDIADORES
Por otro lado, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad de los presentes, con modificaciones, el proyecto de ley “Que reconoce la función del mediador como apoyo integral y elemental a la gestión jurisdiccional, lo posiciona en la agrupación de los cargos jurisdiccionales nivel C ‘Ejecutivo Superior Jurisdiccional’, establece una nivelación salarial y un régimen jubilatorio similar al magistrado y actuario judicial”, presentado por varios diputados.
El senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que la instancia legislativa recomendó la aprobación con modificaciones y planteó un incremento salarial gradual del 20 % anual, hasta alcanzar el 60 % de la asignación salarial vigente, mediante un esquema progresivo similar al aplicado en el sector docente.
A su vez, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, manifestó su adhesión a la propuesta y consideró pertinente avanzar con el reconocimiento de la función de los mediadores y la mejora de sus condiciones salariales, atendiendo a las responsabilidades y la relevancia de las tareas que desempeñan dentro del sistema de justicia.
Votación a mano alzada.
El proyecto será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.
PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
Seguidamente, la Cámara Alta analizó el proyecto de ley que dispone la transferencia a título oneroso, a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), de un inmueble ubicado en el distrito de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, para su posterior transferencia a sus actuales ocupantes.
En representación de la Comisión de Asuntos Departamentales, el senador José Ledesma manifestó que la instancia legislativa recomendó la aprobación con modificaciones, considerando que los ocupantes llevan varios años establecidos en el lugar y han conformado una comunidad donde desarrollan sus actividades con normalidad. También señaló que la recomendación se sustenta en el estudio de los documentos relacionados con el inmueble.
Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún, en representación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expuso que el proyecto no individualiza a los actuales ocupantes. Agregó que el MUVH concluyó que la iniciativa no cuenta con un relevamiento socioeconómico que permita determinar si los beneficiarios reúnen las condiciones necesarias para acceder al inmueble. Por este motivo, la comisión recomendó el rechazo del proyecto.
Tras el debate, el Pleno rechazó la propuesta en mayoría, por lo que será remitida nuevamente a la Cámara de Diputados.
En otro punto, se analizó el proyecto de ley que declara de interés social y expropia, a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Educación y Ciencias, un inmueble ubicado en la compañía Ybyhanguy 1ª, distrito de San Bernardino, departamento de Cordillera, donde se encuentra asentada la Escuela Básica N.º 3899 “Máximo Jiménez Hernáez”.
Al respecto, el senador José Ledesma señaló que la institución educativa desarrolla sus actividades en el lugar desde el 19 de noviembre de 1986 y que, al no contar con la titularidad del inmueble, enfrenta dificultades para su funcionamiento y desarrollo habitual. Añadió que la comunidad educativa debe realizar actividades para solventar los servicios básicos.
La Comisión de Asuntos Departamentales recomendó la aprobación de la iniciativa. El proyecto fue aprobado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
RECHAZAN CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE RUTA
En otro momento, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley “Que cambia de denominación la ruta PY19 Virgen del Rosario y pasa a denominarse PY19 Virgen del Pilar”, remitido por la Cámara de Diputados.
Senador Ramón Retamozo, vicepresidente primero.
El senador José Ledesma, titular de la Comisión de Asuntos Departamentales, expuso los fundamentos de la recomendación de rechazo. Indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya había designado la denominación de la ruta en referencia a la santa patrona de Villeta y que, conforme al parecer institucional remitido, no resultaba procedente incorporar nombres adicionales o alternativos.
Luego del debate, el Pleno resolvió rechazar el proyecto, que será devuelto a la Cámara de Diputados.
APRUEBAN AUMENTO DE PENSIÓN GRACIABLE
Asimismo, se estudió el proyecto de ley “Que aumenta pensión graciable a la señora Estela Concepción Rodríguez Zarza”, remitido por la Cámara de Diputados.
El senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que la solicitud de incremento responde al estado de salud de la beneficiaria, cuya condición requiere cuidados permanentes por parte de sus familiares, lo que dificulta que estos puedan desarrollar actividades laborales.
Señaló que actualmente la beneficiaria percibe una pensión graciable de G. 700.000 y que la solicitud inicial plantea elevar el monto a G. 2.000.000. No obstante, recomendó establecer el incremento en G. 1.400.000.
Finalmente, el Pleno aprobó el proyecto con modificaciones, por lo que será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su estudio.
PEDIDOS DE INFORMES
En el apartado de pedidos de informes, la Cámara de Senadores aprobó requerimientos dirigidos a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Municipalidad de Asunción.
Las solicitudes buscan conocer la situación ambiental, las descargas de efluentes, el servicio de alcantarillado sanitario y las habilitaciones de establecimientos industriales en los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de la capital.
También se solicitaron informes al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), sobre su gestión, y a la Secretaría Nacional de Cultura, respecto de los recursos destinados al programa Tekorenda.
En materia financiera, se requirió información al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la situación del encaje legal de Ueno Bank S.A. y su tratamiento dentro del procedimiento de resolución. Asimismo, se solicitaron datos a la Presidencia de la República, por intermedio del Poder Ejecutivo, sobre depósitos, colocaciones, inversiones y otras operaciones financieras realizadas con fondos públicos en Ueno Bank S.A. y entidades vinculadas, además de los mecanismos de autorización, control y evaluación de riesgos.
Por otra parte, se aprobaron solicitudes de informes al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya, sobre los vuelos realizados por el entonces presidente de la República, los controles de seguridad de la aviación civil y la fiscalización de aeronaves privadas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y otros aeródromos del área de Asunción.
También se requirió información a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) sobre los vuelos privados que arribaron y partieron de dichas terminales aéreas.
En otro orden, se solicitaron informes a la Entidad Binacional Itaipú, la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Los requerimientos también alcanzan a distintas entidades previsionales: la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (CAJUBI), la Caja de Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja Bancaria, la Caja Municipal y la Caja de Jubilados y Pensionados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
En estos casos, se solicita información sobre movimientos financieros y bancarios, saldos y extractos de cuentas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2026.
Además, se aprobaron pedidos de informes al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al Banco Central del Paraguay y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). En este último caso, se requiere información sobre el régimen tarifario de energía eléctrica aplicado a las aguaterías privadas y juntas de saneamiento del país.
Finalmente, se solicitaron informes al Ministerio de Defensa Nacional sobre los controles de seguridad de la aviación civil (AVSEC) aplicados en el espigón presidencial, las plataformas y los hangares privados del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, así como en determinadas aeronaves.
Todas las solicitudes serán comunicadas a las instituciones correspondientes.
APRUEBAN PROYECTOS DE DECLARACIÓN
Durante la sesión, el Pleno también aprobó varios proyectos de declaración relacionados con seguridad, salud, el sistema financiero y el reconocimiento de actividades culturales y académicas.
Vista general del pleno.
Entre las iniciativas aprobadas se encuentran:
- Solicitar el desarrollo de una aplicación móvil de alerta integrada a las tobilleras electrónicas, mediante el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo, las instituciones competentes, la academia y la comunidad científica. La propuesta fue presentada por el senador José Oviedo.
- Instar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA) a brindar atención sanitaria urgente y coordinada ante las inundaciones ocasionadas por el fenómeno El Niño. La iniciativa fue presentada por la senadora Noelia Cabrera.
- Instar al Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, a agilizar la resolución de Ueno Bank y la restitución de los depósitos a los ahorristas. La propuesta fue presentada por el senador Dionisio Amarilla.
- Solicitar la protección de los intereses patrimoniales del Estado ante operaciones financieras vinculadas a Ueno Bank S.A., Grupo Vázquez y Ueno Holding, mediante acciones judiciales o extrajudiciales y medidas cautelares. La iniciativa fue presentada por la senadora Yolanda Paredes.
- Expresar preocupación por los fondos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay depositados en Ueno Bank, provenientes de la última colecta ciudadana. La propuesta fue presentada por los senadores Basilio Núñez, Lilian Samaniego y Arnaldo Samaniego.
- Instar al Poder Ejecutivo a apartar y reemplazar a ministros y titulares de entes que hayan depositado recursos públicos o previsionales en Ueno Bank durante los 120 días anteriores a la resolución del BCP. La iniciativa fue presentada por el senador Ever Villalba.
- Instar al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) a restablecer y fortalecer los requisitos de seguridad para la colocación de fondos jubilatorios en entidades financieras. La propuesta fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Ever Villalba, Ignacio Iramain, Yolanda Paredes, Eduardo Nakayama y José Oviedo.
- Declarar de interés nacional el VI Congreso Internacional de Obstetras, el XXV Congreso Paraguayo de Obstetras, el III Congreso de Obstetras de Atención Primaria de la Salud y el XII Encuentro Nacional de Estudiantes de Obstetricia.
- Reconocer la trayectoria de Carlos Rubén Ojeda Bogado como difusor de la cultura paraguaya. Estas dos últimas iniciativas fueron presentadas por la senadora Lizarella Valiente.
ARCHIVO
Finalmente, la Cámara de Senadores se ratificó en el rechazo del proyecto de ley “De la correcta utilización de medicamentos corticoides”, presentado por varios diputados.
Durante el tratamiento, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, expuso los fundamentos de la recomendación de ratificarse en el rechazo de la iniciativa.
Al respecto, señaló que su aprobación podría generar una superposición normativa, considerando que la Ley N.º 1119/1997 y la Ley N.º 6788/2021, junto con sus respectivas disposiciones, ya otorgan a la autoridad sanitaria las competencias necesarias para la regulación, el control y la fiscalización de estos medicamentos.
Con esta decisión, el proyecto fue remitido al archivo.
Concluido el estudio de los puntos del orden del día, el senador Ramón Retamozo, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, en ejercicio de la Presidencia, declaró un cuarto intermedio.
