El senador José Oviedo, miembro de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, encabezó una mesa de diálogo en la cual se abordó la problemática socio ambiental de la 8ª Compañía Tarumandy, de la ciudad de Luque. La reunión se realizó en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.
El senador José Oviedo, junto a asesores de la Comisión, durante la actividad.
Del encuentro participaron representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Sindicatura General de Quiebras del 5º Turno y representantes de la Asociación Vecinal Nueva Asunción.
El objetivo de este encuentro fue dar seguimiento al estado actual de los trámites pendientes y de las documentaciones requeridas para la conclusión del proceso de regularización de los inmuebles expropiados por la Ley N° 2015/2002.
Según expusieron los pobladores, existen conflictos que están afectando a la convivencia de los vecinos de la zona expropiada, como los relacionados a delitos ambientales, ocupación de espacios públicos, constitución de nuevos asentamientos y la presencia de personas que se dedican a la venta de sustancias ilícitas.
“Acudimos al Congreso para encontrar un apoyo para la regularización del inmueble, hay mucho en juego, hay muchos intereses que rodean este caso. Queremos que se cumpla la Ley y se ordene la situación. Hay muchas invasiones en la reserva que generan inseguridad”, comentó Heber Dávalos, presidente de la Asociación Nueva Asunción.
Miembros de la Asociación Vecinal Nueva Asunción.
Por su parte, Nelson Bareiro, director jurídico del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), indicó que hasta tanto los inmuebles no sean transferidos al MUHV no se pueden realizar ningún tipo de obra en las propiedades no regularizadas. “Ese trámite le corresponde a la Sindicatura, no podemos hacer nada hasta que esos lotes pasen a ser parte del patrimonio del Ministerio”, reiteró.
Al finalizar la reunión, el senador José Oviedo, explicó que sigue pendiente la emisión de un dictamen técnico jurídico por parte de la Sindicatura de Quiebras, lo cual genera un atraso en el proceso de regularización legal de estos inmuebles. También asumió el compromiso de realizar las gestiones necesarias para encontrar una solución a esta problemática.
“Este problema afecta a más de 360 personas y los vecinos llevan más de 20 años sin encontrar una salida. Esperamos solucionar este problema lo antes posible por el bien de esta gente. Vamos a visitar la zona y pedir a las instituciones competentes que nos acompañen”, expresó.
Representantes de las instituciones públicas convocadas.
