La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que preside el senador Sergio Rojas, siguió con la mesa de trabajo para el análisis de la modificación de “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes”. La reunión se realizó en la sala de sesiones de la Cámara Alta.
Senador Sergio Rojas, presidente de la Comisión dirigiendo la audiencia pública.
El principal objetivo es la modificación integral de la Ley 1340/88 “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”.
El senador Sergio Rojas, mencionó al término de la reunión, que esta es la cuarta reunión con representantes de diversas instituciones, sobre este tema.
Resaltó la importante participación de diferentes sectores, tanto del sector público, privado y representantes de la sociedad civil, además de fiscales, jueces y agentes especializados en el asunto.
Calificó a la Ley actual como arcaica, ya que es del año 1988, por lo que necesita actualización.
“El gran debate que se está dando, tiene referencia a la portación de drogas. En la actualidad se permite hasta 10 gramos, sin embargo, hay grupos que quieren aumentar, otros que quieren disminuir o eliminar totalmente la portación”, refirió el senador.
Tomó de ejemplo a otros países que han tratado justamente esta Ley y este debate, como ser EEUU, España, Uruguay, entre otros.
Vista general de la mesa de trabajo.
Mencionó también el avance del crimen organizado que guarda total relación con este tema, y que, con esta Ley, se va tener una herramienta más para la lucha contra este flagelo.
En ese contexto, dijo que desde la Comisión se trabaja en la actualización de la legislación. “Estamos también actualizando porque ustedes saben que el crimen organizado ha crecido en demasía y entonces necesitamos una legislación mucho más moderna con términos adecuados a las disposiciones internacionales”, refirió.
En la mesa de trabajo de este jueves, participaron representantes de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, del Ministerio del Interior, de la Secretaría Nacional Antidrogas, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Consejo de Seguridad, del Ministerio Público y la Defensa Pública, además de organizaciones sociales y privadas afectadas en el tema.
