En el marco de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Mario Varela, se analizaron y debatieron los puntos del orden del día. De la convocatoria participaron los senadores José Ledesma, Lizzarela Valiente y Rafael Filizzola, y el evento tuvo lugar en el salón de Acosta Ñu de la Cámara de Senadores.
Senador Mario Varela presidiendo la reunión de la comisión.
El primer punto considerado fue el proyecto de Ley “De simplificación de trámites de verificación de supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas”, presentado por los senadores Ever Villalba, Lider Amarilla, Rafael Filizzola, Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain, Sergio Rojas, Rubén Velázquez, Yolanda Paredes, José Oviedo, Celeste Amarilla y Esperanza Martínez.
El objetivo de este proyecto es establecer mecanismos alternativos a la presencia física de las personas jubiladas y pensionadas en la sede del Instituto de Previsión Social (IPS) para la verificación de supervivencia, lo cual es actualmente obligatorio. El proyecto propone que la responsabilidad de esta verificación sea asumida por la institución en lugar de requerir la presencia de los beneficiarios, simplificando así los trámites para los adultos mayores. El proyecto fue aprobado con modificaciones que detallan una regulación más clara en relación con la verificación de la supervivencia.
Otro punto analizado fue el proyecto de ley que modifica diversos artículos de la legislación sobre la función pública y la carrera civil, que abarca varias disposiciones relacionadas con los derechos y condiciones laborales de los funcionarios públicos. En este sentido, se discutieron cuestiones como la jornada laboral, los derechos laborales de los empleados públicos, y las disposiciones sobre la contratación de profesionales por plazos determinados o contratos temporales, en especial en lo relativo a las asesorías.
Convocatoria llevada a cabo en el Salón Acosta Ñu.
Asimismo, se destacó la necesidad de que las modificaciones a estos artículos estén en acuerdo con los principios constitucionales, en particular en lo que respecta a la adecuación al equilibrio de poderes. Se hizo especial énfasis en el control recíproco y el equilibrio de poderes que debe existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, según lo establece el artículo 3 de la Constitución Nacional. Además, expresaron su preocupación por el hecho de que el Poder Ejecutivo no pueda tener atribuciones ilimitadas en lo que respecta a las disposiciones administrativas internas de los demás poderes del Estado.
En otro orden de temas, se abordó también el nepotismo en el ámbito público, proponiendo que se remita a una legislación especial para regular esta situación, mencionado la necesidad de establecer normas más específicas para prevenir prácticas de nepotismo dentro de las instituciones públicas.
