Este lunes, la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola, recibió en su reunión ordinaria al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos y su equipo técnico.
Vista general de la reunión con los invitados.
El senador Rafael Filizzola abrió la sesión explicando que la Comisión recopiló y analizó más de 3.000 casos de personas afectadas por descuentos salariales dudosos. Señaló que existe una primera fase de perjuicio previa al embargo judicial: los descuentos automáticos autorizados por los propios trabajadores o jubilados, muchos de ellos firmados años atrás, sin plena consciencia o actualmente bajo condiciones que les impiden siquiera entender qué autorizaron.
El legislador se refirió al caso de una jubilada con problemas de salud certificada judicialmente, quien continúa sufriendo descuentos que llegan hasta G. 3.160.000 mensuales por parte de asociaciones, sin que su curadora legal haya podido obtener información precisa de la Dirección de Jubilaciones. Además, mencionó que este patrón se repite con cientos de víctimas, quienes ya ni siquiera identifican el motivo de los descuentos reflejados en sus haberes.
Las víctimas de descuentos indebidos son especialmente jubilados y funcionarios activos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), y de fuerzas públicas.
FOCO DEL PROBLEMA
Por su parte, el ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, respaldó los hallazgos de la Comisión, afirmando que el foco del problema no son los embargos judiciales, que afectan solo al 3% de los 77.000 jubilados. En cambio, más de 38.000 están sufriendo "descuentos voluntarios" que en muchos casos son resultado de autorizaciones antiguas y repetidas.
“Hay que empezar a trabajar para tener más transparencia: quiénes descuentan, por qué descuentan, hasta cuándo se puede descontar”, remarcó. Anunció que trabajarán con la Comisión para definir si será necesario un proyecto de Ley o si bastará con medidas reglamentarias. También compartió que actualmente, en el ámbito del Poder Judicial, se han identificado casos en los que los descuentos llegan incluso al 96% del ingreso mensual de los jubilados.
Autoridades del MEF.
El ministro subrayó que las personas afectadas pueden detener estos descuentos. “Con una nota libre y expresa del beneficiario solicitando el cese de descuentos es suficiente para que se suspendan de inmediato. No se necesita ir a juicio, ni probar la deuda, basta la voluntad del titular”, explicó.
El alto funcionario explicó que esta opción está dirigida a funcionarios públicos tanto jubilados como activos. Asimismo, anunció que su cartera se compromete a redactar un modelo de nota estándar que se distribuirá para su socialización masiva: “Queremos que cualquier persona que se sienta afectada pueda firmar y que a partir de ahí ya no se le descuente más nada automáticamente”, sostuvo el ministro.
A su turno, el senador Rafael Filizzola manifestó que otra cuestión que ya se habló con la Corte Suprema, es que los descuentos judiciales no pueden superar el 25% o hasta el 50% si existe una situación de prestación alimentaria. “Entonces eso también vamos a trabajar con las demás instituciones y aliviar en gran medida la situación de muchas personas que están recibiendo un -saldo cero- en sus liquidaciones mensuales”, afirmó.
DATOS PRESENTADOS
Según los datos presentados, las asociaciones más cuestionadas incluyen al magisterio nacional (que concentra el 46% de los descuentos voluntarios), y a entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que suman un 36% adicional. Una de las más señaladas fue la Asociación Paraguaya de Educación – Sindicato APSN, con 2.158 personas afectadas y más de G. 2.000 millones en descuentos.
“Estas asociaciones no solo hacen descuentos, sino que actúan como intermediarias de casas comerciales desconocidas, operando como prestamistas sin control ni transparencia”, denunció el ministro Valdovinos, quien sugirió que muchas de ellas usan convenios firmados hace años como base para continuar cobrando indefinidamente.
El encuentro se realizó en la "Paz del Chaco" de la Presidencia del Senado.
El senador Juan Afara, solicitó explicaciones sobre la documentación que estas asociaciones presentan para habilitar los descuentos. Se le respondió que existe una reglamentación de 2022 que exige el envío de planillas impresas y digitales, acompañadas de las autorizaciones firmadas por los afiliados.
A su turno, el senador Carlos Núñez, resaltó la importancia de la educación financiera y criticó el actuar de abogados que inducen a los uniformados a iniciar procesos de convocatoria de acreedores, dejando de pagar sus deudas. “Ya presentamos denuncias penales por estafa, porque el daño no solo es a la cooperativa, sino a todos los socios”, afirmó.
Luego, la senadora Lizarella Valiente,
“El pagaré es una herramienta financiera válida, pero lo que se ha pervertido es el sistema de cobros abusivos y el ocultamiento de información a los propios afectados”, puntualizó la legisladora.
Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos.
OTRAS CONVOCATORIAS
Finalmente, el senador Rafael Filizzola anunció que serán convocadas las autoridades de otras instituciones públicas.
La reunión dejó como resultado una hoja de ruta clara: cualquier afectado por descuentos automáticos puede presentar una nota firmada solicitando el cese de estos, y debe ser cumplido inmediatamente. Esta opción va dirigida a funcionarios públicos activos y jubilados.
Esta medida, respaldada tanto por la Comisión como por el Ministerio de Economía, podría significar un alivio inmediato para miles de jubilados y funcionarios que hoy ven disminuidos sus ingresos mensuales sin claridad ni consentimiento actualizado.
