Funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, llevaron a cabo una mesa técnica con representantes de diversas instituciones públicas, a fin de analizar el proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos”.
Director de la comisión de Derechos humanos, Victor Benitez, encabezando la reunión.
Al término de la reunión, el director de la Comisión de Derechos Humanos, Víctor Benítez, resaltó que los proyectos de ley deben adecuarse al marco normativo nacional, así como a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el país, los cuales forman parte del ordenamiento jurídico nacional.
Destacó además que, durante el encuentro, se intercambiaron opiniones técnicas e institucionales sobre el alcance y la aplicación de la normativa, con el objetivo de evaluar su viabilidad y su contribución a la seguridad en los centros penitenciarios, así como al adecuado funcionamiento de los centros educativos.
El funcionario señaló que el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se encuentra en etapa de estudio por parte de las comisiones dictaminantes, antes de su eventual tratamiento en el Pleno del Senado.
En ese contexto, representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) destacaron la necesidad de establecer excepciones a la prohibición, especialmente para colaboradores que requieren el ingreso con dispositivos como tabletas o teléfonos celulares, herramientas necesarias para el análisis de casos y la elaboración de estadísticas.
Por su parte, funcionarios del Ministerio de Justicia indicaron que ya existen mecanismos de control para la detección de estos dispositivos en los centros penitenciarios, y advirtieron sobre las limitaciones presupuestarias para fortalecer los sistemas de rastreo. Asimismo, subrayaron la importancia de definir con claridad qué bien jurídico se busca proteger, y evitar posibles duplicaciones sancionatorias en situaciones ya reguladas administrativamente.
Viste general de la reunión.
Por parte del Ministerio Público, sus representantes manifestaron preocupación por el riesgo de penalizar conductas ya contempladas en otras normativas, y sugirieron reforzar los mecanismos existentes en lugar de establecer nuevas sanciones. En la misma línea, la Defensa Pública advirtió que la iniciativa podría afectar derechos fundamentales, como la defensa y el debido proceso, al sancionar hechos ya previstos en la legislación vigente.
En tanto, funcionarios del Ministerio del Interior abogaron por la implementación de herramientas técnicas que permitan identificar el origen de las llamadas telefónicas realizadas desde el interior de los centros penitenciarios, como vía para reforzar la seguridad sin afectar derechos reconocidos.
La reunión se desarrolló en la sala de la Comisión de Legislación, que contó también con la participación de directores, asesores y coordinadores de la Cámara de Senadores.
