Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Gilberto Antonio Apuril, se reunió en la fecha para analizar varios puntos establecidos en el orden del día. La sesión se llevó a cabo en el Salón Acosta Ñu (5° piso), donde recibieron la visita de representantes de varias organizaciones.

Los legisladores mantuvieron audiencia con la señora Yren Rotela, de la Coordinadora Nacional de Redlactrans, a fin de presentar el informe 2017 del Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina-Capítulo Paraguay, el cual ha recabado información sobre las violaciones y vulneraciones de Derechos Humanos que sufre la población trans, particularmente en las áreas de violencia institucional y acceso a la salud.

Yren Rotela, en representación de toda la Organización Trans,  dijo que piden que sean respetados todos sus derechos.

Luego, recibieron al viceministro del Trabajo, Luis Carlos Orué Servín y los recurrentes de la nota presentada por empleadas de la empresa de transporte “La Santaniana S.A.”, de fecha 15 de octubre de 2018, por la cual formulan denuncia ante la violación a sus derechos laborales.

Al concluir la reunión el viceministro de Trabajo señaló que fue convocado por miembros de la comisión, por el caso de la empresa Santaniana; quienes pidieron los antecedentes, las denuncias que tenía la empresa. “Les traje las multas que ya tenía la empresa anteriormente, les expliqué que la empresa está al día actualmente con nosotros, si bien los trabajadores tienen problemas con el área de IPS, esa es una cuestión que ya no le compete al Ministerio de Trabajo”, manifestó el funcionario.

En ese sentido, también habló el señor Roberto Medina Giménez, presidente del Sindicato Nacional Transporte, quien manifestó que acudieron en la Comisión de DD.HH. con relación a la denuncia que realizaron ocho trabajadores de la empresa “La Santaniana”, por el incumplimiento de seguridad social.

El señor Medina dio ejemplo del trabajador Víctor Espínola, con 66 años de edad, que cuenta con diez años de aporte al Instituto de Previsión Social, y con 30 años de antigüedad en la empresa.

Manifestó en su intervención “que la empresa se ha apropiado de su aporte, en este momento el señor está en etapa  de jubilación, está con problemas de salud, y no puede jubilarse, porque a los 60 años el paraguayo debe jubilarse”.

Citó además, otro caso de un trabajador  que limpia colectivos y que tiene 30 años de antigüedad y figura solo dos años como aportante del IPS.

Agregó el señor Roberto Medina, que ocho trabajadores se animaron a hacer  la denuncia y que fueron escuchados. “Necesitamos un grupo de gente como los que nos recibieron en la Comisión de DD.HH  y como el  viceministro”.

Comentó que los trabajadores siguen trabajando actualmente en la empresa y lo que denuncian específicamente es que sean jubilados porque ya están en edad.

Los senadores expresaron que todos deben comprometerse a sacar a flote esta situación, porque hay mucha explotación e incumplimientos en materia laboral. “Tenemos derecho a que la justicia nos proteja y eso estamos reclamando ahora”, concluyó.

Al término de la reunión, los Senadores analizaron el Proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de la incorporación de profesionales indígenas en las instituciones públicas”, presentado por los senadores Mirta Gusinky, Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Blas Lanzoni y Pedro Arthuro Santa Cruz. El documento fue aprobado con modificaciones.