Este jueves, la Bancada Democrática del Senado llevó a cabo la audiencia pública, “Mafia de los pagarés: soluciones inmediatas ante un problema urgente”.  El encuentro tuvo como objetivo principal escuchar a las víctimas y analizar propuestas de solución ante los descuentos ilegítimos a salarios de trabajadores especialmente del sector público.

_{La mesa principal integrada por los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Celeste Amarilla y Esperanza Martínez.} 

El senador Rafael Filizzola, al abrir la audiencia, anunció la conformación de una Comisión Especial en el Senado, con un plazo inicial de 120 días prorrogables, que trabajará de forma articulada con diversas instituciones públicas para sentar las bases legales que prevengan la repetición de estos abusos. “El objetivo es detener los descuentos ilegítimos y trabajar en una solución integral”, expresó.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla, expresó su compromiso con la causa, señalando que, “nos tomamos con mucha seriedad este y cualquier otro tema que afecte a la ciudadanía”.

Asimismo, la senadora Esperanza Martínez agradeció la presencia de las víctimas y remarcó la urgencia de detener los descuentos a quienes ya cuentan con causas judicializadas, cuyos procesos están vinculados a actores imputados. “Esto requiere la intervención del Ministerio de Economía, del BNF y de diversas entidades estatales”, indicó, proponiendo además una futura Ley que regule el uso de los pagarés en el país.

Igualmente, el legislador Ignacio Iramain expresó que, “nosotros, los ciudadanos, debemos movilizarnos y cortar la verdadera cabeza del sistema mafioso. La ética no puede seguir siendo ignorada”.

“Aunque aún no tengo la solución definitiva, me comprometo a trabajar en leyes que dificulten los negocios de la corrupción. Vamos a hacer nuestra parte para impulsar el cambio”, manifestó por su parte el parlamentario José Oviedo.

En otro momento, intervino el abogado Jorge Rolón Luna, quien lidera las denuncias relacionadas al caso. “Este circuito de estafa lleva años operando y ha destruido miles de vidas”, afirmó.

Denunció la complicidad de sectores del Poder Judicial con actores privados y gremiales y exigió acciones urgentes a la Corte Suprema de Justicia. “No se trata de casos aislados; es un sistema bien aceitado que ha operado con impunidad”, denunció el abogado.

_{Vista general de los presentes a la audiencia pública.} 

REGISTRO DE VÍCTIMAS

La doctora Diana Vargas, por su parte, informó sobre el registro de víctimas impulsado con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Detalló que ya se han registrado más de 1.000 personas, en su mayoría funcionarios públicos del Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; la Policía Nacional; IPS; militares; jubilados y trabajadores independientes.

También reveló la existencia de múltiples casos de docentes indígenas que fueron demandados sin haber solicitado préstamo alguno. Aclaró que la información recabada será remitida al Poder Judicial con la debida confidencialidad.

Por su parte, el doctor Edgar Ríos, defensor adjunto en lo Civil, Niñez y Adolescencia, reportó que el Ministerio de Defensa Pública ya acompaña alrededor de 45 casos concretos, y que se están tramitando solicitudes de nulidad y medidas cautelares. Destacó que las víctimas del interior pueden comunicarse vía telefónica o correo electrónico con los defensores, sin necesidad de trasladarse, y subrayó que el servicio es gratuito.

También participó la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, Natalia Sosa, quien confirmó que han recibido denuncias relacionadas al caso. Explicó que, si bien la institución no tiene competencia para intervenir directamente, sí colabora con el defensor general en el seguimiento de los casos y recepción de información.

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Víctor Apuril, director de Transparencia y Anticorrupción, compartió los resultados de una investigación que reveló que el 48% de las denuncias recibidas entre enero y marzo están relacionadas con cobros indebidos y maltratos de empresas hacia las víctimas. “SEDECO llama a conciliación y, en caso de no resolverse, abre sumarios a las empresas y aplica medidas correctivas”, explicó.

_{El encuentro contó con la presencia de víctimas y autoridades.} 

PROCEDIMIENTOS DE DESCUENTO

En un momento del encuentro, la senadora Esperanza Martínez consultó a representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), sobre los procedimientos de descuento. Solicitó información sobre los mecanismos de verificación documental y los controles internos para garantizar que los embargos sean legítimos.

En ese sentido, Hugo Recalde, en representación del BNF, explicó que existen dos tipos de descuentos: judiciales y comerciales. En el caso de los judiciales, se limitan al 25% del salario, mientras que, los descuentos comerciales provienen de convenios entre el banco y casas comerciales. “Si un ciudadano desconoce una deuda, puede acudir a una oficina del BNF a realizar su reclamo. La casa comercial debe presentar el contrato firmado en un plazo de 72 horas; de no hacerlo, el banco suspende el descuento”, detalló.

Asimismo, enfatizó que, si bien estos descuentos no se consideran embargos judiciales, se ejecutan en base a autorizaciones firmadas por los propios clientes.

_{La audiencia contó con la presencia de los miembros de la Bancada Democrática.} 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Finalmente, el senador Rafael Filizzola, informó que, si bien ya cuentan con la Comisión Especial aprobada por el Pleno del Senado, aún falta integrar formalmente, la cual corresponde al presidente del Senado. Sin embargo, sostuvo que ya están trabajando y coordinando acciones con la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo para brindar asistencia personalizada a cada una de las víctimas.

“La mafia de los pagarés ha cobrado vidas; hay personas que, en medio de la desesperación, se han quitado la vida”, lamentó el legislador

Asimismo, señaló que se han recolectado más de 2 mil testimonios. “La urgencia que enfrentamos es lograr el cese de los descuentos y para ello es indispensable que todas las víctimas cuenten con asistencia legal”, indicó. En ese sentido, se está evaluando la posibilidad de contar con abogados que presten asesoría gratuita o, en su defecto, crear un fondo que permita contratar profesionales para que se sumen a esta causa.

Agregó que este esquema de estafa exige una revisión profunda del sistema crediticio. “Vamos a proponer reglas que protejan a los deudores y que impidan, por ejemplo, que un pagaré pueda utilizarse para demandar dos, tres o hasta cuatro veces por la misma deuda”, concluyó el senador.

Del evento participaron también los senadores Ignacio Iramain, José Oviedo, Ever Villalba, así como las senadoras Esperanza Martínez y Celeste Amarilla, miembros de la Bancada Democrática.  Asimismo, asistieron el diputado Raúl Benítez y la diputada Rocío Vallejo.

_{Vista general de la sala bicameral del Congreso.}