El presidente de la Comisión Especial sobre Hidroeléctricas del Parlasur, Ricardo Canese, cuestionó varios aspectos de la intervención del director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, ante la Comisión Nacional sobre la Revisión del Anexo C, entre Brasil y Paraguay. “Con su posición, usted presidente, está enviando a la República al muere, a la indefensión”, sostuvo el parlamentario.
Manuel María Cáceres respondió un pliego enviado por Canese, compuesta de diez preguntas, de manera corrida, referentes a temas atinentes a la negociación con el país vecino.
SOBERANÍA
Tras esta intervención, Canese hizo alusión a la intervención de Cáceres y se cerró en cuatro aspectos de las respuestas ofrecidas por el titular de la binacional, por el lado paraguayo. En tal sentido, en primer lugar, mencionó que, pese a lo expuesto por Cáceres, el Paraguay “es soberano y puede disponer soberanamente su energía” y que ello está implícito en la aceptación del Brasil del acuerdo Lugo/Lula en el 2009, en referencia al artículo 22 del Tratado de Itaipú. Asimismo, indicó: “No somos colonia de Brasil y de nadie: El mismo tratado en el art. 13, derecho de adquisición, no es confiscación”.
En relación con el segundo aspecto, hizo alusión a que el documento entregado por la Cancillería a la Comisión Nacional indica que no hay fundamentos legales para aumentar la compensación paraguaya (por la energía paraguaya, cedida al Brasil). Recordó, al respecto, que tanto Nicanor Duarte, en un cinco por ciento, como Fernando Lugo, en un doscientos por ciento, lograron una mejor compensación. “Es una barbaridad, no puede sostener que no hay fundamentos legales”, acotó.
Ya en cuanto al tercer aspecto, mencionó que también la Cancillería indica que debe bajar la tarifa en el 2023 por el costo bajo de la producción. Sobre el punto, Canese recalcó que hace diez años el costo del servicio es inferior a la tarifa y esta última no bajó y mencionó los denominados “gastos sociales” que no están en el Tratado que, en muchos casos, no sirven para el objetivo tratado, tales como “viaductos y puentes para los muchachos”, en alusión a licitaciones sin sentido y para empresarios allegados o cercanos al gobierno.
CIERRE A LA CGR
Finalmente, en cuanto al cuarto aspecto cuestionado por Canese, mencionó la acción de inconstitucionalidad de la Itaipú con relación a que la Contraloría no audite los gastos sociales de la Binacional, así como la negativa a enviar mayor documentación a la misma Contraloría General de la República en cuanto a la auditoría referida a la deuda de la Binacional. Esto, según añadió, impide saber la veracidad o no de los estados contables y, sobre todo, lo relacionado a la “deuda espuria” que, en el primer informe, demostraba que empresas brasileñas pagaron por debajo del costo por la energía producida por la hidroeléctrica.
De la reunión concretada este martes por la tarde, participaron por el Parlamento del Mercosur las parlamentarias María Eugenia Crichigno, Blanca Lila Mignarro y Ricardo Canese, además de senadores y diputados.
